Los afectados por el incendio de julio acuerdan demandar a la Generalitat y los Mossos d"Esquadra por su actuación

Los afectados por los incendios que hace tres semanas devastaron 27.000 hectáreas de bosques en las comarcas centrales de Cataluña han acordado denunciar a la Generalitat y a los Mossos d"Esquadra por su actuación durante los trabajos de extinción y, básicamente, por haber impedido el acceso a muchas masías, algunas de las cuales fueron pasto de las llamas debido a descoordinación durante aquellos trabajos. La decisión de emprender acciones judiciales contra los responsables de la policía autonómica se tomó en una asamblea de afectados celebrada el pasado miércoles por la noche en la localidad leridana de Ardèvol, en la comarca del Solsonès, a la que asistieron unas 400 personas. El sindicato agrario Unió de Pagesos (UP), que volvió a criticar a los consejeros de Gobernación y Agricultura, Xavier Pomés y Francesc Xavier Marimon, respectivamente, tanto por su actuación como por su intervención en el pleno del Parlamento convocado a raíz de los incendios, ha encargado a sus servicios jurídicos un informe sobre los errores cometidos en las tareas de extinción del fuego para poder exigir las responsabilidades penales que correspondan. Josep Puigpelat, coordinador del sindicato en Lleida, explicó ayer que los payeses están muy indignados por la actitud de los mossos, que les prohibieron el acceso a sus casas y luego éstas se quemaron porque no había nadie para apagar el fuego. "Muchas masías se habrían salvado si hubieran estado presentes sus propietarios", dijo Puigpelat, quien denunció que sobre un censo de 192 masías ubicadas en la zona arrasada, los bomberos sólo acudieron a 33. En la oficina del sindicato en el Solsonès se recibieron ayer las primeras llamadas de afectados interesados en sumarse a la denuncia. Otra de las preocupaciones de los propietarios de los bosques es la venta de la madera quemada. La organización agraria propuso que los afectados no negocien de forma individual con los industriales para evitar la especulación y poder conseguir unos precios más favorables, para lo cual exigirán que en las valoraciones se tenga en cuenta el volumen y no el peso. UP también pedirá al Gobierno central que queden exentas del pago del IRPF las cantidades que reciban los afectados en concepto de ayudas o por la venta de la madera quemada.