El Gobierno, dispuesto a recurrir en Europa las condiciones para faenar en aguas británicas

VIENE DE LA PÁGINA 1 El director general de Pesca del Gobierno vasco, Alfonso Arriola, alertó ayer sobre el riesgo de que otros estados miembros de la Unión Europea, como Francia, donde existen empresas mixtas con igual fórmula que la británica, aprovechen el precedente creado con la nueva normativa del Reino Unido para cambiar su legislación en el mismo sentido. "Si esta norma prospera, quedarán en entredicho principios como el de libre establecimiento, comercio y circulación de capitales y personas y se habrá sentado un precedente muy peligroso para el futuro", señaló Arriola. Pero la oposición de la Administración vasca no sólo se basa en este principio jurídico, sino también en "el tremendo daño que puede causar esta norma sobre las empresas afectadas, que han invertido en Gran Bretaña tiempo, esfuerzo y medios económicos muy importantes, y que ahora ven amenazados sus intereses e incluso su supervivencia". Limitaciones Estos empresarios, ante las limitaciones que estipulaba el Tratado de Adhesión de España y Portugal a las comunidades europeas, que establecía un periodo de 20 años de adaptación al ámbito europeo y de limitaciones de acceso a caladeros y especies, se buscaron vías para mantener abierto su negocio. Los armadores vascos cuentan a su favor con la sentencia ya dictada por el Tribunal de Luxemburgo, una resolución que no sólo les daba la razón, sino que hacía pagar al Gobierno británico sustanciosas indemnizaciones por vulnerar la libre competencia. Toda esta situación ha llevado ya al Ejecutivo vasco a tomar unas primeras medidas ante el Gobierno central y ante la propia Comisión Europea. "Por el momento, la Comisión está intentando elaborar un documento de consenso entre las partes afectadas y nuestro sector pesquero y nuestros europarlamentarios están al corriente de la situación y han mantenido reuniones con la Comisión con el fin de hacerles llegar nuestra posición", afirma Arriola. En concreto, Josu Jon Imaz, europarlamentario del Partido Nacionalista Vasco, se ha dirigido a las instituciones europeas para pedirles que paren estas medidas. Asimismo, nada más saltar la noticia el consejero de Industria, Agricultura y Pesca, Javier Retegui, se puso en contacto con la ministra del ramo, Loyola de Palacio, para expresarle su preocupación por el asunto y "la necesidad de una actuación coordinada del Gobierno vasco y central ante la Comisión". Habrá que ver si estas medidas pueden vencer la negociación británica con los responsables europeos.