Responsabilidad y errores médicos

Sólo un cúmulo de despropósitos puede explicar que una mujer de 39 años que acude a un hospital para hacerse una ecografía salga del centro sin ovarios y sin útero, porque en algún punto de la cadena asistencial su historial clínico se ha cruzado con el de otra de 71 años que sufría un cáncer de ovarios. La anciana estaba pendiente de intervención quirúrgica en el hospital Reina Sofía de Córdoba y nadie, entre las muchas personas que intervienen en una operación quirúrgica, fue capaz de advertir que en su lugar se estaba operando a otra paciente.El hecho de que ambas mujeres tuvieran el mismo nombre y apellidos podría explicar el origen del error, pero de ningún modo lo justifica. Una actividad tan compleja como la asistencial puede dar lugar a disfunciones, y tampoco los cirujanos, por esmerada que sea su actuación, están libres del error humano. Pero lo ocurrido en el hospital Reina Sofía de Córdoba no es un simple error médico. Revela que los mecanismos de seguridad y de control de calidad, de tan suprema importancia en un ámbito como la medicina, han fallado estrepitosamente en un largo trecho del itinerario asistencial.

Por mínima que fuera la información contenida en el historial clínico de la paciente, la edad debía figurar. ¿Cómo es posible confundir a una mujer de 39 años con una de 71? ¿Cómo no advirtió el cirujano que aquellos ovarios que estaba extirpando no tenían ningún carcinoma? Y aún más: ¿es que no hay ninguna diferencia entre los órganos de una mujer joven y los de una anciana? La mera formulación de estas preguntas revela algo muy inquietante para cualquier ciudadano: que en los hospitales cada vez se habla menos. Con el paciente, por supuesto, y también entre los propios miembros del colectivo asistencial.

El suceso de Córdoba ha puesto trágicamente de manifiesto algo que se viene denunciando desde hace tiempo: la creciente deshumanización de la medicina. Indica que el modo de operar que se está imponiendo es cada vez más el de abandonarse a una rutina que no tiene como elemento de referencia al enfermo, sino al papel o a la máquina. El proceso y sus elementos son más importantes que la persona. Si alguien se hubiera detenido a leer detalladamente el historial clínico y luego hubiera examinado a la paciente, si alguien hubiera comentado con ella lo que le iban a hacer, el error no se hubiera producido.

Hay un segundo elemento en el suceso de Córdoba igualmente inquietante: la reacción que han tenido los responsables sanitarios del centro. Un año después de haber ocurrido, las autoridades sanitarias no han sabido acreditar ante la opinión pública que han adoptado las medidas necesarias para averiguar las causas de lo ocurrido y determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. Algunos de sus portavoces han llegado incluso a afirmar que no se ha investigado el suceso porque está bajo indagación judicial, cuando la querella se ha presentado casi un año después de la intervención y durante este tiempo han estado negociando con la víctima el resarcimiento del daño que se le ha causado. Si fuera cierto que no se ha llevado a cabo ninguna investigación interna, lo ocurrido sería doblemente grave, pues indicaría que no se han tomado medidas y que el error puede volver a repetirse en cualquier momento.

Las autoridades sanitarias están obligadas a dar públicas explicaciones sobre las medidas adoptadas. Sólo así pueden tratar de paliar la desconfianza que sucesos como éste provocan, con toda lógica, entre los usuarios. Y ésta no es, ni mucho menos, una cuestión menor. Los hospitales públicos españoles realizan cada día cientos de miles de actos médicos en los que intervienen miles de abnegados profesionales. La inmensa mayoría de estos actos están correctamente realizados y muchos, muchísimos, salvan las vidas de los pacientes. Precisamente porque el sistema público de salud es uno de los principales patrimonios sociales de este país, las autoridades sanitarias deben ofrecer una respuesta enérgica y pública cuando se produce un mal funcionamiento de la red asistencial. Sucesos como el del Córdoba no sólo repercuten en un daño irreparable para la víctima, sino que comportan también un daño objetivo, por el desprestigio que entrañan, para todo el sistema sanitario.