Los técnicos detectaron irregularidades al estudiar el proyecto de reforma del edificio hundido en Valencia. La obra de Patraix carecía de licencia y "no existía" para Trabajo

Unas horas antes de que murieran dos obreros al desplomarse una vivienda de dos plantas en el barrio de Patraix, en Valencia, los técnicos municipales se mostraban reticentes a conceder la licencia de obra. Al comparar los croquis presentados por los propietarios, los técnicos de la Junta Municipal de Distrito de Patraix comprobaron que estos pretendían eliminar una pared. La solicitud de licencia era para una obra menor, pero algunas de las reformas previstas exigían una autorización de obra mayor, lo que requiere la presentación de un proyecto firmado por un arquitecto. La explicación la dio ayer el teniente de alcalde, Alfonso Grau, que ratificó que los propietarios solicitaron el permiso el 29 de julio, pero comenzaron la obra unos días antes. El desplome del miércoles se produjo, según el informe de los bomberos municipales, por un fallo de la estructura central de la planta baja, formada por pilares de ladrillo macizo y vigas maestras de madera. Precisamente junto a este punto estaba situado el tabique que se pretendía eliminar en el proyecto. Los inspectores de trabajo levantaron ayer acta de los hechos mientras que los trabajadores que salieron ilesos declararon ante la policia. Los tres heridos hospitalizados evolucionan favorablemente. Alfonso Grau detalló que el miércoles 29 de julio, el dueño de uno de los bajos del edificio, Florencio Sánchez Ibáñez, presentó una solicitud de licencia en el registro de entrada del Ayuntamiento de la avenida de Aragón. Dos días después, el viernes, su solicitud se envío, vía informática, a la Junta de Distrito de Patraix, a la que le corresponde conceder el permiso al tratarse de una obra menor. Los documentos de la solicitud no se recibieron, físicamente, en esta junta hasta el mismo miércoles por la mañana (horas antes del siniestro), momento en que los técnicos iniciaron su estudio. La petición incluía el derribo de un cuarto de aseo y la construcción de otro nuevo, el levantamiento del suelo para la canalización interior hasta la red general, el picado de la capa superficial de las paredes que se encontraran deterioradas y el derribo de los emplanchados de escayola, aparte de pequeñas obras de alicatados, pavimentación, fontanería, carpintería y electricidad. Pero no se hacía ninguna referencia a la pared que que desaparecía en el plano que presentaba. Según Grau este extremo hizo dudar a los técnicos si debían conceder la licencia y decidieron convocar a los promotores para conocer los detalles. El gerente de la constructora, Francisco Ferrer, aclaró que sólo pensaban suprimir esa pared en una futura remodelación integral de la finca y Miguel Quintero dijo ayer que, contrariamente a lo que se afirmaba ayer en este periódico, no tiene ninguna relación accionarial con la empresa. Durante la mañana de ayer, inspectores de Trabajo realizaron un reconocimiento ocular de la vivienda y recabaron información sobre la situación en que se encontraba la obra y los trabajadores. Según explicó el director general de Trabajo, Román Ceballos, los promotores de la obra no habían realizado los avisos previos a la autoridad laboral. Este trámite es obligatorio y entre la documentación que se exige está el estudio de seguridad y salud, que posteriormente debe desarrollar el constructor. La empresa constructora -QFC SL- tampoco había comunicado a la Consejería de Empleo la apertura de un nuevo centro de trabajo. En definitiva la obra, al margen de no tener el permiso municipal, no existía para las autoridades laborales. Según Román Ceballos, "al no existir comunicación alguna del inicio de estas obras, ningún inspector se había pasado para comprobar las medidas de seguridad". La inspección de Trabajo estaba a lo largo del día de ayer intentando saber si todos los trabajadores de la empresa tenían regularizada su situación laboral. Declaración de los obreros Por su parte, los obreros que resultaron ilesos prestaron declaración ante la policia. Explicaron que desde el inicio de la obra -el pasado 25 de julio- habían procedido al derribo de cañizos de los techos de la planta baja y de los dos pisos, así como al picado de paredes, y aseguraron que en la jornada del accidente se habían dedicado a sacar los escombros del interior de la vivienda. Los trabajadores aseguraron que tenían regularizada su situación, aunque al parecer la mayoría tenían escasa experiencia en el mundo de la construcción. Se espera que en las próximas fechas declaren también ante las diversas instancias (hay dos investigaciones abiertas: la judicial y la de Trabajo) el promotor y el constructor. La oposición acusó al Ayuntamiento de "no vigilar las obras y permitir la indisciplina urbanística". El secretario general de UGT, Rafael Recuenco, dijo que este accidente "es la consecuencia de la política de Zaplana" y exigió que la Administración tome medidas para que se aplicación de la ley de seguridad laboral. Por su parte, el sindicato CCOO anunció que se presentará como acción popular en el caso. Las dos centrales sindicales criticaron el restraso de Trabajo en conocer la situación legal de la empresa y la laboral de los obreros. Por su parte la patronal de la construcción (Fevec) hizo un llamamiento a las empresas del sector y a sus trabajadores a que cumplan las normas que marca la ley de prevención de riesgos laborales.