Medio Ambiente desbloquea el desvío del río Llobregat y las obras del delta

El Ministerio de Medio Ambiente aprobó ayer la declaración de impacto ambiental que da vía libre al desvío del último tramo del río Llobregat y a un conjunto de obras ligadas a él, entre ellas la gran depuradora del Baix Llobregat, presupuestada en 40.000 millones de pesetas. El informe de Medio Ambiente, que impone severas medidas preventivas para evitar la afectación de los sistemas naturales del Delta del Llobregat, era el último escollo que debía superar el proyecto para poder ser ejecutado.

Con la declaración de impacto ambiental se desbloqueará el proyecto del desvío del río Llobregat, que, después de 4 años de ser pactado por las administraciones, no podía aprobarse definitivamente porque debía incorporar las medidas preventivas que Medio Ambiente ha considerado necesarias para garantizar la preservación de la zona afectada por las obras. Además de medidas de carácter preventivo, la declaración contiene medidas de acompañamiento y gestión ambiental, que "permiten garantizar que el balance ambiental resultante de las actuaciones será ampliamente favorable en relación con la situación actual", según afirmaron ayer fuentes del departamento de Medio Ambiente de la Generalitat. La declaración aprobada ayer por el Ministerio de Medio Ambiente deja el camino libre para efectuar las expropiaciones de los terrenos afectados y para la modificación del plan general metropolitano. Estas actuaciones deberán llevarse a cabo con anterioridad a la construcción de la depuradora del Baix Llobregat, puesto que las tierras que se extraigan para crear el nuevo lecho del río se destinarán al asentamiento de la planta. Esta infraestructura es una de las más importantes, desde el punto de vista ambiental, de las obras ligadas al desvío del Llobregat, incluidas todas ellas en el denominado Plan Delta. Declarada de interés general, la futura planta depurará las aguas de una población equivalente a unos dos millones de habitantes. La Generalitat expresó ayer su deseo de que se efectúe "lo antes posible" la licitación de las obras de construcción de la depuradora. El obstáculo que suponía su elevado presupuesto, cifrado en más de 41.000 millones de pesetas, se ha salvado recientemente con la creación de una sociedad, participada por el Estado y la Generalitat, que se encargará de contratar y construir la obra. Llega con retraso La Generalitat expresó ayer su satisfacción por la aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto, aunque lamentó "el retraso con el que llega". El convenio del Delta fue firmado por las administraciones en abril de 1994. En noviembre de este mismo año se tomó la decisión de realizar un estudio de impacto ambiental, pero el Ministerio de Medio Ambiente lo frenó temporalmente en septiembre de 1996. Tras sucesivos aplazamientos, la ministra Isabel Tocino anunció que la declaración estaría acabada el pasado mes de junio, plazo que tampoco se cumplió. El Gobierno catalán no ha escondido nunca su interés por las obras del plan del Delta, que consolidarán Barcelona como un centro logístico de capital importancia y como una zona portuaria de entrada a Europa por el Mediterráneo. La aprobación de impacto ambiental abre las puertas a la ampliación del puerto de Barcelona en 200 hectáreas. Prácticamente, todo el terreno que quedará entre el trazado actual del río y el futuro se destinará a zona portuaria, a excepción de los terrenos ya reservados para levantar la depuradora. La tercera pista del aeropuerto de El Prat y la denominada Pata Sur son otras de las obras integradas en el plan Delta, de las que la más emblemática es el desvío del río Llobregat. Según los cálculos de la Cámara de Contratistas, el proyecto supondrá la creación de unos 100.000 puestos de trabajo y una inversión de cerca de medio billón de pesetas. El plan Delta ha generado las quejas de los ecologistas, quienes han expresado su voluntad de denunciar el proyecto ante la Unión Europea. El grupo Depana argumenta que el desvío del Llobregat, así como la ocupación del actual lecho del río, supondría la desaparición de una zona húmeda protegida en los convenios internacionales suscritos por España. Los ecologistas proponen mantener el actual cauce y abrir un nuevo brazo que sería compatible con la ampliación del puerto mar adentro.