Contra las cuerdas

FINALMENTE, CLINTON va a hablar. ¿Aclarará el caso Lewinsky? Ha prometido un "testimonio completo y verdadero" el próximo 17 de agosto, cuando, a través de un circuito cerrado de televisión -magro privilegio presidencial-, se dirija al gran jurado que ha de decidir si hay causa o no para su eventual procesamiento. Clinton, su país y el mundo necesitan que se dé carpetazo a un caso que ha tenido absurdamente ocupado al presidente del Estado más poderoso de la tierra. Al menos, queda ya poco para que salga de las manos del fiscal especial Kenneth Starr, que ha perseguido infatigablemente a Clinton durante varios años en un asunto que nunca se hubiera dado en Europa. Pero se da en Estados Unidos; y para su presidente lo que cuenta es la ley de su país.Starr podría estar a punto de lograr su propósito de atrapar a Clinton en un renuncio si Monica Lewinsky cambia sus afirmaciones y acepta no ya que tuviera relaciones sexuales con el presidente -lo que Clinton negó bajo juramento y contra lo que Starr esgrime ahora un vestido de la ex becaria de la Casa Blanca manchado de semen-, sino que Clinton o sus asesores le indujeran a mentir al respecto. Starr, conocido por sus simpatías republicanas, se afana por demostrar que el presidente demócrata ha podido cometer tres delitos: perjurio, si ha mentido bajo juramento; y obstrucción a la justicia y manipulación de testigos, si llevó a Lewinsky a mentir. El fiscal especial, que ha ofrecido la inmunidad a Lewinsky (y a su madre) para que pudiera cambiar su testimonio inicial sin riesgo, parece contar, además, con diversas grabaciones que aún no han salido a la luz.

La inmunidad es una figura pensada, ante todo, para proteger a testigos o chivatos en investigación de redes mafiosas, por ejemplo. No para poner al descubierto una mentirijilla o tenderle una trampa judicial al presidente de Estados Unidos por un asunto de faldas. Ya han quedado casi olvidados los orígenes de esta saga, que se remontan a la acusación de Paula Jones contra el presidente por acoso sexual.

Un Estado de derecho reposa sobre la igualdad ante la ley, incluidos los presidentes. Pero éstos, justamente por ser figuras públicas, requieren garantías. En esta infatigable persecución por Starr -el mismo que no encontró pruebas contra los Clinton en el caso Whitewater, en principio mucho más serio-, el punto de partida es la relación del presidente con Lewinsky, un asunto civil que atañe a la intimidad de una persona, y que ni siquiera constituiría una falta grave según la ley americana. En este asunto, el perjurio o la obstrucción de la justicia no es comparable al Watergate, que obligó a Nixon a dimitir, o a otros casos criminales. Por eso, el debate en la calle se enfoca, por una vez, de una manera bastante sana en ese país tan puritano: la mayoría de los estadounidenses creen que Clinton mintió en el caso Lewinsky; pero les importa un bledo; al menos hasta oírle el próximo día 17. No ven en todo este asunto, personal, causa para un posible impeachment, acusación contra el presidente que pudiera llevar a su destitución.

El error de Clinton, sin embargo, ha sido no aceptar hasta ahora volver a declarar para aclarar lo ocurrido, cuando la ciudadanía se lo pedía a gritos. A pesar de ello, la popularidad de Clinton sigue muy alta, ayudada por la buena marcha, aún, de la economía. De hecho, Clinton es la mejor baza que tienen los demócratas para las elecciones de noviembre, en las que se ha de renovar toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Tampoco los republicanos moderados quieren agitar demasiado el frasco y arriesgarse a votar el procesamiento de un presidente popular. Por lo que es harto probable que, después de que Starr y el gran jurado le remitan sus conclusiones, la Cámara no las discuta a fondo hasta después de esas elecciones. Pero sea como sea, Clinton ha de resultar claro y convincente en su próximo testimonio.