Hacienda refinancia 48.854 millones de deuda

La tesorería de la Generalitat no debe atravesar una situación muy boyante a tenor del acuerdo que aprobó ayer el Consell a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, que solicitó trasladar 48.854 millones de pesetas de deuda a corto plazo y refinanciarlos con la consideración de débito a largo plazo. José Joaquín Ripoll, portavoz del Consell, destacó que la coyuntura financiera ofrece la posibilidad de dilatar el pago con unos intereses muy razonables y que el acuerdo "facilita la amortización" de la deuda. Ripoll recordó que las restricciones impuestas por la Unión Europea en materia de deuda para garantizar la convergencia monetaria no afectan a la refinanciación de la deuda. E inmediatamente anunció la licitación de las obras de la autovía Canals-Agullent en el tramo correspondiente a Aielo de Malferit, que serán adjudicadas por el método alemán, también de pago aplazado, por un montante de 6.975 millones. Impugnación Ripoll también anunció que el Consell ha autorizado a los servicios jurídicos de la Generalitat que procedan en la impugnación de un acuerdo adoptado por la junta de gobierno de la Universidad de Alicante que apostaba por impartir las titulaciones de Turismo y Ciencias Empresariales en las instalaciones que posee en la localidad de Orihuela. La capital de La Vega Baja será una de las sedes de la nueva Universidad Miguel Hernández de Elche, cuya creación desgajó la Universidad de Alicante. El Consell ha decidido proceder jurídicamente porque considera que el acuerdo de la junta de gobierno de la Universidad de Alicante "sobrepasa el ámbito de la autonomía universitaria e interfiere las competencias propias de la Generalitat". La Consejería de Agricultura presentó al Consell el proyecto de ley de pesca con el que se pretende unificar la dispersión legislativa que existía hasta ahora en esta materia. La ley de pesca regulará aquellas actividades sobre las que la Generalitat tiene competencias, que son las de pesca marítima en aguas interiores, marisqueo, acuicultura y la ordenación del sector, cumpliendo la legislación estatal básica establecida por la Administración estatal y la política común de pesca de la Unión Europea. Ripoll argumentó la necesidad de la ley por la "gran importancia socioeconómica" del sector pesquero en la Comunidad Valenciana, que cuenta con una flota de 1.100 barcos, tiene un volumen de capturas de 60.000 toneladas al año, mueve 15.000 millones de pesetas y da empleo directo a más de 6.000 personas. La ley persigue establecer una regulación que permita conservar el medio marino y garantizar su explotación futura.