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Obras y urbanismo fuera de control

Cuando la alcaldesa de Valencia muestra orgullosa entre sus logros de gobierno el proceso de crecimiento urbano y sus proyectos estelares -el último, la apertura en canal del barrio del Cabanyal- lo hace, estoy completamente convencido, porque efectivamente cree que es positivo para sus conciudadanos contar con tal impulso de la iniciativa privada. Cuando algún periodista nos muestra la esbeltez de las nuevas pilas de hormigón sobre el embalse de Contreras en las obras de la autovía, como un orgullo tecnológico para el fin del milenio, lo hace con toda su buena fe en el progreso de la humanidad. Cuando los responsables del Puerto de Valencia defienden el proyecto de ampliación, excusando las molestias ocasionadas, también lo creo firmemente, están manifestando su confianza en que los ciudadanos acabarán comprendiendo la necesidad y bondad del mismo. Cuando los empresarios, tan aficionados a las infraestructuras, reclaman ahora un pacto por el AVE Madrid-Valencia, no han tenido en cuenta las serias reticencias europeas a estos nuevos y costosísimos proyectos, sino que han convenido que eso es lo que más nos interesa a los valencianos. En fin, por no seguir con la letanía, cuando los técnicos municipales de Valencia nos obsequian con sus proyectos de puentes sobre un ex río y túneles varios, no me cabe la menor duda de que están pensando en solucionar, a su manera, los problemas de tráfico. No hay, aunque pueda parecer, la mínima ironía en lo expuesto hasta este momento. Cada vez creo menos en el argumento de la presión de "intereses económicos" -que haberlos haylos- o en rebuscadas explicaciones sobre la maldad intrínseca del sistema capitalista. Creo, francamente, que padecemos un proceso de envejecimiento y obsolescencia de nuestro aparato burocrático. En vez de malgastar energías combatiendo a los ecologistas, algunos funcionarios harían muy bien en reciclarse y poner su reloj a la hora europea. La cuestión es que, en materia de obras públicas, siempre sucede lo mismo: se magnifican sus efectos positivos, y se minimizan, se maquillan o simplemente se ocultan los negativos; el saldo siempre es a favor. Afortunadamente, las ciencias siguen adelantando que es una barbaridad, y también las ciencias ambientales, que han puesto en cuestión algunos paradigmas de la modernidad que se tenían como dogmas de fe. Independientemente de la ideología que se profese, no es posible ya ignorar los efectos negativos de determinadas actuaciones públicas sobre el territorio, y la necesidad de hacer las cuentas globales de otro modo, entre otras razones, porque muchas de estas consideraciones ecologistas de los años sesenta y setenta, han tomado carta de naturaleza jurídica y las instituciones europeas las están adoptando en sus documentos programáticos. La señora Barberá debiera saber, o sus asesores le debieran indicar, que promover la expansión de la ciudad a costa de la huerta, o del Cabanyal, mientras el centro histórico se cae de vergüenza y miles de viviendas ya asentadas no tienen quien las habite es, desde la óptica europea, insostenible. De paso, alguien, le podría ir explicando que, presumir de que en Valencia se circula muy bien, es una verdad a medias que oculta la otra cara del problema, cada vez más grave: los accidentes, la contaminación del aire, el ruido, la humillante situación de los viandantes. Y que, también desde criterios europeos, este panorama es de regreso y no de progreso. El señor Arias Salgado y sus asesores, que tanto empeño están poniendo en acabar a cualquier precio las obras de la autovía de Madrid, para darle en las narices al señor Borrell, deberán explicar los destrozos irreversibles que suponen las obras del embalse de Contreras y la factura económica que habremos de pagar al final para ganar, a corto plazo, tres o cuatro minutos en un recorrido de tres horas, mientras la línea férrea Valencia-Cuenca, que podría absorber buena parte del transporte de mercancías, se muere en el olvido. (Ya le han tirado de las orejas al Ministerio de Fomento desde Bruselas por la "precipitación" con que se ejecutan algunas obras). También deberá explicar el señor Arias, esta vez al alimón con el señor Zaplana, a qué viene esa absurda carrera por llegar a ser el primer puerto del Mediterráneo, que se ha desatado entre los socios de una misma empresa pública, Puertos del Estado, que subvencionamos entre todos. Y de paso, que nos expliquen los dos -porque ya no se puede decir esa obra no es mía- quién ha tenido la feliz ocurrencia de decidir que los dos proyectos más urgentes que tiene Fomento en Valencia son el acceso norte al Puerto (insostenible incluso desde la óptica oficial) y -agárrense los que sepan de qué va- el que creíamos enterrado, pero a lo visto no muerto, proyecto de Tercer Cinturón de Ronda para aniquilar lo que queda de huerta por la parte de Alboraia, que nadie, absolutamente nadie, echaba en falta. Para el señor Zaplana tengo otra pequeña sugerencia final, extensiva a los ayuntamientos afectados: que abandone algunos proyectos y planes, como los de carreteras, que no tienen justificación alguna y que dedique los dineros a otros sectores en donde sí hay atascos y deficiencias de verdad, como la educación, la sanidad o la protección del medio ambiente. ¿Ha escuchado las voces críticas y magníficamente documentadas de los ecologistas de Alzira o de Alcoy oponiéndose de manera sensata a tanto desmán? ¿No quedamos en que el primer plan de carreteras, ya concluido, había puesto ya en 1994 nuestra red viaria a la altura de la europea? No desearía que los gobernantes aludidos, si leen estas letras, se sintieran afectados en exclusiva. En materia de obras públicas, no han hecho sino continuar la línea marcada por sus predecesores, que tanto entusiasmo mostraron por las grandes obras y que de manera tan lamentable dejaron de aplicar las nuevas corrientes procedentes de la Europa más avanzada. Ahora, desde la oposición, parece que comienzan a rectificar porque algunas conquistas sociales son ya irreversibles. Ahora, cuando arrecia el crecimiento económico, vuelve a cabalgar el caballo desbocado de las obras públicas sin control, para unirse al urbanismo sin control, la última aportación de los liberales a la cultura urbana. Es probable, como señalaba recientemente en Valencia el profesor Ramon Folch, que haya que esperar al cambio generacional para que se incorporen a la función pública nuevos valores, que integren con normalidad el respeto al medio ambiente, lo que para la mayoría de las administraciones actuales no es sino un molesto trámite a cumplir o esquivar. En definitiva, como nos enseña la historia, estamos nuevamente ante la necesidad de un cambio cultural. Si este cambio tarda en llegar, el trabajo de las generaciones venideras tendrá que aplicarse a recuperar, cuando sea posible, todo el patrimonio natural y cultural que tan alegremente se está ahora dilapidando.

Joan Olmos es ingeniero de Caminos.

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