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EL 'CASO MAREY'

El Supremo investiga a los 11 magistrados que integran el tribunal por desvelar el fallo

El presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio, decidió ayer abrir una investigación sobre el adelanto por parte de este periódico de las penas que van a recaer sobre José Barrionuevo, ex ministro del Interior, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, por el secuestro de Segundo Marey y por malversación de fondos públicos. Las diligencias se centrarán en principio en los once magistrados del tribunal. El presidente de ese tribunal, José Jiménez Villarejo, emitió también ayer un comunicado en el que afirma que faltan "puntos importantes" del fallo por resolver.

Javier Delgado Barrio, que preside el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) además del Tribunal Supremo, explicó ayer en un comunicado que ha ordenado "la incoación de diligencias informativas para el averiguamiento de los hechos y la concreción de las responsabilidades a que pudiera haber lugar como consecuencia del quebrantamiento del secreto de las deliberaciones".Este secreto queda establecido en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que advierte de que "las deliberaciones de los tribunales son secretas" y de que "también lo será el resultado de las votaciones" de los jueces que los compongan, sin perjuicio de lo dispuesto para los votos particulares.

El instructor de estas diligencias será el presidente de la Sala de lo Contencioso, Ángel Rodríguez, y las mismas se centrarán, en principio, en los once magistrados que han integrado el tribunal que ha juzgado a los procesados por el secuestro de Segundo Marey.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Benigno Varela, indicó que la investigación abierta por Delgado para intentar esclarecer la procedencia de la anticipación de las penas podría resolverse por "vía penal", si es que las conclusiones que se obtengan suponen una persecución de este tipo, o por "vía disciplinaria", a través del propio Consejo.

En su criterio, lo ocurrido es "intolerable" y supone "una falta de respeto a las instituciones en un Estado de derecho", así como "una falta de la consideración y el respeto debidos al tribunal y a los acusados en este procedimiento, quienes tienen derecho a que esta sentencia se les notifique a ellos primeramente, previa publicación de la misma".

Mientras tanto, varias fuentes del Poder Judicial expresaron ayer a la agencia Efe su convencimiento de que las mencionadas diligencias serán archivadas en su día porque no será posible identificar finalmente al responsable o los responsables de los hechos. En estas situaciones, adujeron, es muy difícil que las averiguaciones resulten positivas, salvo que el periodista que haya obtenido la información revele quién se la dio, lo que no suele ocurrir al acogerse al secreto profesional.

El presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que ha juzgado el caso Marey, José Jiménez Villarejo, difundió también ayer un comunicado en el que asegura que todavía no se han fijado las penas definitivas que se impondrán a los procesados si son condenados.

"Derecho de información"

Desde el más absoluto respeto al derecho de información", Jiménez Villarejo expone que "lamenta profundamente que, con quebrantamiento del secreto impuesto a las deliberaciones en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se estén difundiendo datos sobre lo que todavía no es una sentencia, sino un texto en proceso de elaboración y pendiente de deliberación y votación en el seno de la sala".En su comunicado, Jiménez Villarejo "advierte" asimismo de que "la sala ha de resolver aún puntos importantes en materia de calificación jurídica de los hechos e individualización, en su caso, de las penas que habrían de ser impuestas".

Por último, pide "perdón a las partes personadas en el proceso por la desconsideración que para ellas implica encontrar en los medios de comunicación noticias que tienen el indiscutible derecho de conocer antes que nadie".

Fuentes del Supremo informaron que la Sala volverá a reunirse el lunes, bajo la presidencia de Villarejo, para continuar con sus deliberaciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 25 de julio de 1998

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