Osakidetza atenderá confidencialmente a los extranjeros indocumentados

El Servicio Vasco de Salud ha regularizado la asistencia médica a todos los extranjeros del País Vasco, aunque su residencia no esté regularizada. Hasta ahora, Osakidetza se ajustaba a la ley garantizando sólo la atención a los niños, aunque también se aceptaba a mayores de edad por criterios humanitarios y en casos de urgencia. Con esta medida, adoptada ayer por el Consejo de Gobierno y presupuestada en 45 millones de pesetas, se ordena la cobertura mínima a todos los extranjeros indocumentados.

Un extranjero residente en el País Vasco de forma irregular carece de los derechos de un ciudadano afiliado a la Seguridad Social y que disponga de la tarjeta de identificación sanitaria (TIS). Sin embargo, a partir de ahora se le atenderán al menos ciertas necesidades mínimas. En Euskadi se aplica el precepto de la sanidad universal, que permite dar asistencia médica urgente a todo aquel que lo necesite, aunque los extranjeros indocumentados, por su propia naturaleza, no disponían de ese derecho reconocido. Tan sólo las inquietudes humanitarias de los empleados de Osakidetza permitían atender a este sector de la población. Eso sí, la legislación actual obliga a la Administración a equiparar a los menores de edad que viven en esta situación marginal con los ciudadanos de plenos derechos. Hasta ahora, los niños indocumentados sí tenían la asistencia -y la TIS- garantizada. Con el acuerdo alcanzado ayer en el Consejo de Gobierno, se regulariza la atención a los mayores de edad. El texto supone la ampliación de un convenio firmado el año pasado entre la secretaría de Acción Exterior, dependiente del Gobierno vasco, y Osakidetza por el cual la red pública atendía a niños con daños físicos llegados de países en conflicto o en vías de desarrollo -sobre todo Irak y Sáhara- y excepcionalmente también a ancianos. En la segunda fase del convenio, la atención se extiende también a extranjeros residentes en Euskadi. Para todo ello se creará una partida presupuestaria de 45 millones de pesetas, divididos en dos partes: 30 para la atención a niños y 15 para la nueva asistencia a adultos indocumentados. En el acuerdo se incluyen varias prestaciones a los inmigrantes. Por una parte, "controles sanitarios que se deriven de la sanidad pública", como en el caso de la intervención en casos de brotes de epidemias. El Gobierno vasco garantiza también "la asistencia de carácter urgente" -esto supone ordenar lo que ya se venía haciendo en los hospitales públicos-, así como "el apoyo con medios de diagnóstico por imagen y de laboratorio" -radiografías-. Además, el convenio recoge "la asistencia médico-quirúrgica que se requiera". De momento, sólo existe una experiencia en Bilbao para atender a los inmigrantes adultos irregulares. La ONG Médicos del Mundo presta un servicio no subvencionado de asistencia clínica, social, de enfermería y de salud mental en una consulta abierta desde el pasado mes de octubre en la calle Bailén. "Además, tratamos de ayudarles a que consigan la TIS", señala la responsable del local, Celina Pereda. El acuerdo del Consejo de Gobierno no sólo servirá para atender a inmigrantes irregulares. Otro colectivo que se beneficiará es el de becarios, residentes temporalmente en el País Vasco, que procedan de países en vías de desarrollo y que no tengan garantizada la asistencia y que la soliciten a título personal. Ahora tan sólo queda por definir qué centros de la red pública atenderán estas nuevas coberturas a los extranjeros. Apoyo a empresas vascas Durante el Consejo de Gobierno también aprobaron ayer otras medidas. Una de ellas alude a las pequeñas y medianas empresas vascas, que dispondrán de mayores instrumentos de financiación para hacer más competitivos sus proyectos en el extranjero. La Administración subvencionará en un punto porcentual adicional el tipo de interés de los proyectos que se acojan a las ayudas del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La oficina de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo recibirá una cantidad adicional de 20 millones de pesetas para atender a expedientes ya aprobados y a nuevas solicitudes. Asimismo, el Gobierno aprobó un decreto que desarrolla la ley de videovigilancia. Entre las novedades que ofrece este acuerdo, se extenderá la regulación a las cámaras de tráfico y también se contempla que un juez presida la comisión controladora de las operaciones que se efectúen con videovigilancia. Ese grupo estará dirigido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o quien deba sustituirle. Además, la norma establece un régimen de custodia y cancelación de las grabaciones. Se designará un órgano responsable del cuidado de los registros.