Los ministros de Agricultura de la UE quieren saber el impacto que tendrá el libre comercio con Mercosur

La Unión Europea estudiará el impacto económico de la liberalización del mercado de productos agrícolas antes de dar luz verde a la creación de una zona de libre comercio con los países de Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) y con Chile. Los ministros de Agricultura de los Quince, reunidos ayer, acordaron pedir a la Comisión Europea un análisis más detallado de las consecuencias del proyecto de Manuel Marín -comisario responsable de las relaciones con América Latina-. Esta decisión se produce después de que el borrador fuera retirado del orden del día de la Comisión, el pasado 8 de julio, a petición del comisario de Agricultura, Franz Fischler.Los efectos negativos que, a juicio de los responsables comunitarios, acarrearía la importación de productos sensibles como la carne de vacuno, los cereales o los lácteos sin cláusulas de salvaguardia, se encuentran en el origen del debate. Francia y Alemania llevaron el asunto a la mesa del Consejo de Ministros argumentando "un grave riesgo real y potencial para el modelo agrícola de la Unión", según afirmó un portavoz del Gobierno francés.

El Gobierno de Lionel Jospin recordó, en una nota enviada a Bruselas, que el 80% de las exportaciones de Paraguay, el 51% de la de Argentina y el 42% de las de Uruguay son agrícolas. La nota añadía que tres de los cuatro países de Mercosur se encuentran entre los ocho primeros productores de carne de vacuno y sus precios son, además, mucho más competitivos que los europeos. El precio de la tonelada de carne de vacuno en la UE es de 125.200 pesetas superior al de Argentina.

Los técnicos de Agricultura de la Comisión añaden un argumento presupuestario a estas tesis. La reducción de precios en productos ya de por sí excedentarios en la Unión, obligaría a compensar las pérdidas de los agricultores comunitarios a través de subvenciones del Feoga-Garantía. En cifras globales, el coste de la zona de libre mercado con Mercosur oscilaría, según la Comisión, entre 975.000 millones y 2,3 billones de pesetas.

El proyecto de Manuel Marín contó ayer con el apoyo explícito del Reino Unido, Dinamarca y Suecia, alentados por las expectativas de exportación en el sector servicios. La ministra española de Agricultura, Loyola de Palacio, defendió también el acuerdo pero reclamó la elaboración de un estudio de impacto: "Creo que es básico que se disponga de estudios (...) sobre los sectores agrícolas de la UE". El principal problema para avanzar en una eventual negociación es que la Organización Mundial del Comercio impone que todo acuerdo de esta índole debe incluir el 90% de los intercambios comerciales entre las partes. En el caso de Mercosur y Chile, los productos sensibles (agrícolas y no agrícolas), que Bruselas querría excluir, suponen un 13,9% del comercio con la UE.

El Consejo estudió ayer también la propuesta de reforma de la Organización Común del Mercado del vino. La oferta es "aceptable" para los intereses del sector vinícola español, según De Palacio. Recalcó que el proyecto no reduce la superficie del viñedo y favorece la sustitución de variedades, además de ofrecer una financiación al sector español de 218.400 millones de pesetas que la ministra consideró "suficiente".