Los usuarios y la izquierda critican al Gobierno por el "medicamentazo"

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, integrada por partidos de la izquierda, sindicatos y diversas asociaciones sociales de Cataluña, expresó ayer en un comunicado su oposición al medicamentazo, que probablemente será aprobado por el Consejo de Ministros a finales de mes. Los firmantes del comunicado hecho público ayer censuran que se haya esperado al verano para aprobar la medida, "cuando la ciudadanía disfruta de vacaciones y todo el país está paralizado".

La plataforma recuerda que después de que el Servicio Nacional de Salud aprobase el pasado día 6 el proyecto del decreto de financiación selectiva de medicamentos, todo hace prever que el Consejo de Ministros lo aprobará definitivamente a finales de este mes. A pesar de la exclusión de algunos medicamentos de la lista final, la plataforma considera que el decreto sigue representando un recorte de prestaciones al ciudadano, "sobre todo a los más desfavorecidos económicamente", y que es una actuación basada en criterios economicistas que ya ha demostrado su ineficacia. Entre los miembros de la plataforma figuran el PI, ERC, IC, UGT y CC OO, las federaciones de jubilados de ambos sindicatos y organizaciones de consumidores. Los firmantes consideran que el decreto es una cesión a la industria farmacéutica, que menosprecia los derechos de los ciudadanos, y un paso más en el debilitamiento del sistema público de salud, y recuerdan la falta de consenso político y social en torno a él. En otro apartado se refieren a que la opinión negativa sobre el medicamentazo ha sido expresada en varias ocasiones por el propio consejero de Sanidad de la Generalitat, Eduard Rius. Del mismo modo, se asegura que el titular de Presidencia, Xavier Trias, ha realizado "un increíble ejercicio de cinismo político", cuando en diversas entrevistas ha criticado al Gobierno porque el medicamentazo no ha sido consensuado o porque no representará una medida de ahorro. La plataforma recuerda que los mismos que formulan estas críticas apoyaron el decreto que excluye estos fármacos de la Seguridad Social. Por eso, recuerdan que ante la petición de consenso formulada por la Generalitat se solicitó por escrito al consejero Rius la constitución de una mesa de diálogo sobre la sanidad pública, sin que todavía se haya obtenido un resultado positivo. Impedir el rechazo Los autores del comunicado consideran que es contradictorio que se busque la aplicación de una medida restrictiva como es el medicamentazo en plena época estival, cuando buena parte de los ciudadanos se encuentran de vacaciones y el país está paralizado. "Habiendo impedido el diálogo y el consenso, sólo queda impedir también el rechazo". La plataforma considera "políticamente y socialmente inaceptable" la aplicación aislada y contundente de medidas de recorte de servicios básicos como la protección de la salud y basadas en el argumento de que es difícil financiar el sistema sanitario y que al mismo tiempo se esté planteando una reforma del IRPF que, según los expertos, puede llegar a representar un descenso de la recaudación de 750.000 millones de pesetas, y unas iniciativas legislativas que potenciarán la medicina privada. El comunicado de la plataforma considera que todo esto constituye una "ofensiva premeditada en contra de uno de los pilares del Estado de bienestar", y ante lo que consideran "una nueva agresión al sistema público de salud", reclaman una lista de medicamentos financiados por el sistema nacional de salud que sólo incluya los necesarios para terapias de calidad. La plataforma reclama también que se separe el registro oficial de medicamentos y su financiación pública, así como que se promocionen e incentiven la fabricación y la prescripción de medicamentos genéricos. El manifiesto en contra del medicamentazo exige igualmente el establecimiento de unos precios máximos de referencia financiados por el Servicio Nacional de Salud; la racionalización de los beneficios comerciales, tanto para los fabricantes como para los farmacéuticos que los venden, y un "verdadero debate" sobre el sistema público de salud basado en el consenso político y social.