Morir en Malabo

LA MUERTE en el hospital de Malabo "por causas naturales" del dirigente opositor guineano Martín Puye, de la etnia bubi -condenado en mayo a 26 años de prisión en un esperpéntico consejo de guerra-, pone de nuevo contra las cuerdas al oprobioso régimen de Obiang y sus fallidos intentos para hacerse presentable a los ojos de sus valedores occidentales. En el mejor de los casos, las autoridades de la antigua colonia española manifiestan desidia en el trato a sus prisioneros políticos, por cuya integridad están obligadas a velar. En el peor, como sugiere el relator de la comisión de la ONU para los Derechos Humanos y autoriza a pensar la trayectoria represora de Obiang, todo es posible en prisiones tan infrahumanas como la de Black Beach.En este penal de Malabo se consumen 11 condenados a muerte, y los otros 39 detenidos con penas que oscilan entre los 26 y los 6 años de cárcel, a raíz de la pantomima procesal de mayo pasado. Un juicio sumarísimo contra más de un centenar de miembros de la minoría étnica bubi (menos, más pobres, asentados en la isla de Bioko, antigua Fernando Poo, y reprimidos por un régimen mayoritariamente fang), acusados de terrorismo y secesionismo, en el que los reos mostraban signos de torturas y cuyas sentencias de muerte ni siquiera han podido ser recurridas por los abogados porque no han sido notificadas. El proceso fue calificado de "farsa judicial" por Amnistía Internacional.

Obiang intenta presentar a la comunidad internacional una imagen diferente de Guinea con ocasión de las elecciones legislativas, previstas para finales de año. El dictador guineano, que asegura estar dispuesto a permitir una investigación imparcial sobre la muerte de Puye, busca un perfil más acorde con la condición de su país como potencia petrolífera emergente, donde la estadounidense Mobil va a invertir 1.200 millones de dólares. Pese a la bendición del oro negro, cuya producción se ha multiplicado por 15 en cinco años, Obiang quiere a toda costa que Europa reanude la ayuda suspendida en 1993 por sus abusos contra los derechos humanos. Es el momento, pues, para que Madrid, París o Washington abandonen actitudes complacientes y ejerzan toda la presión para reconducir hacia métodos civilizados a un régimen tan propenso al despotismo.