El consejo del Priorat exculpa a todos los políticos, menos al expresidente
El abogado del Consejo Comarcal del Priorat achaca toda la responsabilidad de las irregularidades económicas cometidas en ese organismo bajo la presidencia del nacionalista Josep Maria Buil a éste y a los gestores y técnicos contables del ente. El abogado Jesús Maiso, contratado por el gobierno comarcal, integrado por nacionalistas y socialistas, exculpa en sus conclusiones provisionales sobre el caso a todos los demás representantes políticos del organismo comarcal acusados por el fiscal. El letrado mantiene las acusaciones contra el gerente, el presidente, el secretario interventor y los propietarios de las dos empresas que resultaron beneficiadas por los contratos fantasma. Maiso acepta las condenas de cárcel pedidas para éstos por el fiscal, aunque pide que se reduzcan a la mitad las penas de inhabilitación. El abogado difiere de la acusación fiscal contra los consejeros comarcales Miquel Blanch, Joan Borja, Jaume Ferrús y Jaume Vallès. Los tres primeros formaban parte de la comisión de medio ambiente, la cual, según el letrado del consejo, no tiene capacidad decisoria sino que es un órgano meramente consultivo. Por el contrario, el fiscal cree que daban su visto bueno a las diversas contrataciones de empresas. Respecto a Vallès, el abogado sostiene que los pagos que realizó cuando actuaba de presidente accidental fueron por orden del gerente, Enric d"Anguera. El fiscal pide para cada uno de los consejeros cuatro años y seis meses de prisión.
