Medio Ambiente desafía al fiscal al ordenar la reanudación de las obras de Navacerrada

El Patronato del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares retó ayer a la fiscalía de Madrid al considerar que las obras que se efectúan en el Guarramilla (Navacerrada) "no afectan" al parque natural. Carlos Mayor Oreja, consejero de Medio Ambiente y presidente del patronato, señaló ayer que las obras (sustitución de un telesilla antiguo y construcción de un restaurante) se acometen en un área que está fuera de los límites de la reserva ecológica de Navacerrada. En concreto, están situadas "a 8,3 metros del borde" del parque, aseguró Mayor Oreja.

Fuentes cercanas a la fiscalía de Madrid afirmaron, sin embargo, que el informe emitido por la Guardia Civil situaba "inequívocamente" esas obras dentro del perímetro que ocupa el parque natural. En ese informe, junto con una denuncia de la asociación ecologista Aedenat, se ha basado la fiscalía de Madrid para presentar una denuncia en el juzgado de guardia de Colmenar Viejo contra la Comunidad de Madrid.Sin embargo, y dado que ayer el Patronato del parque aprobó que las obras se situaban a sólo 8,3 metros de la reserva ecológica, la Consejería decidió autorizar a la empresa pública Deporte y Montaña, SA, dependiente de la Consejería de Educación y Cultura, para que continúe con la construcción de un restaurante, a 2.200 metros de altura, que dará servicio a los usuarios del telesilla de Guaramillas.

El patronato felicitó además a las Consejerías de Medio Ambiente y Educación y Cultura por las obras, ya que "mejorarán medioambientalmente la situación anterior".

Prohibidas por ley

Los trabajos, que hasta el momento han se ceñido al movimiento de tierras, fueron paralizados hace 20 días por Medio Ambiente, tras recibir una denuncia de la asociación ecologista Aedenat. Los ecologistas, la Guardia Civil y el fiscal consideran que el restaurante se levanta dentro de la zona de máxima protección del parque regional, por lo que sus obras están expresamente prohibidas por la ley.El permiso de Medio Ambiente para que prosiga el movimiento de tierras se produce sólo unos días después de que la fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior denunciase en el juzgado de guardia a la viceconsejera de Medio Ambiente, Sylvia Enseñat, y a dos cargos directivos de Deporte y Montaña, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

La fiscalía sostiene en la denuncia que el movimiento de tierras sí afecta a la zona de máximo valor ecológico del parque, hecho que puede contravenir la ley, que castiga con hasta dos años de cárcel al funcionario que las autorice.

Uno de los trece miembros de la comisión permanente del parque, en concreto, el representante de Aedenat, se negó ayer a ratificar el dictamen del resto de componentes de la comisión permanente del Patronato del Parque. Un portavoz de esta asociación manifestó que "el restaurante que se pretende construir sí está dentro del parque". Por eso, Aedenat pidió ayer "medidas judiciales contra todos los miembros del patronato que votaron a favor de esa barbaridad", subrayó. "Decir que el edificio está fuera del parque es algo burdo y es intentar negar la evidencia. Los jueces pondrán a cada uno en su sitio", agregó este portavoz.

Fuera del parque

El consejero Mayor Oreja explicó ayer que el patronato, antes de determinar si la construcción está fuera o dentro del parque, estudió un informe técnico de la empresa privada Tragsa, encargado por su departamento. Este informe indica: "Se ha podido comprobar que la totalidad de la edificación en ejecución por Deporte y Montaña se encuentra fuera de los límites del parque, de forma que la distancia mínima de la esquina sur-este del edificio en construcción y el borde del lindero replanteado es de 8,30 metros".El consejero recordó además que las obras fueron excluidas del trámite de evaluación de impacto ambiental, por acuerdo del Consejo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado 10 de julio de 1997. El ejecutivo regional tomó esta decisión porque el telesilla de Guarramillas "había rebasado en diez años su vida media" y necesitaba ser sustituido en el menor tiempo posible.

El Gobierno regional aprobó también, con carácter previo a la realización de las obras, elaborar un informe medioambiental que estableciese "las determinaciones y medidas correctoras que sean precisas para evitar o atenuar los impactos negativos que pudieran originarse".