Discordia y vuelta atrás

La ley del Tercer Canal, todavía vigente, considera las televisiones autonómicas como canales de titularidad estatal, cuya gestión se concede a las comunidades autónomas por parte del Estado. Esta es la norma invocada por el ministerio de Fomento para intervenir en la puesta en marcha de la televisión canaria. Se da la circunstancia de que Fomento defiende ahora una legalidad que el propio Gobierno de Aznar intentaba rectificar. Y para ello ha tramitado el correspondiente proyecto de ley, que se encuentra en las Cortes.Ese proyecto de ley dice, en su artículo 7, que el servicio público de televisión autonómica "podrá ser gestionado, bien directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente, bien indirectamente por sociedades mercantiles, mediante concesión administrativa". La opción por la gestión directa o indirecta, "o por ambas si el número de frecuencias disponible lo permite, se determinará por cada una de las comunidades autónomas", agrega el texto del citado proyecto.

Intereses políticos

Precisamente, la tramitación de este proyecto de ley provocó protestas por parte de los representantes de los trabajadores de las actuales televisiones autonómicas. Pero tanto CiU como PNV apoyaron al Gobierno de Aznar para hacer avanzar los trámites del proyecto de ley que, en definitiva, permite a las comunidades autónomas decidir sobre el futuro de sus televisiones. Los argumentos utilizados por el Ministerio de Fomento para advertir ahora al gobierno de Canarias -a saber: que los canales autonómicos son de titularidad estatal y que su gestión sólo puede hacerse directamente por las comunidades autónomas- son muy distintos de los utilizados durante la tramitación de ese proyecto de ley. El interés del Ministerio de Fomento para dar ese vuelco de argumentos pueden tener que ver con el hecho de que esta cuestión fuera objeto de un comentario en la reunión del Consejo de Ministros del viernes pasado, la misma en que se decidió el cese de Miguel Ángel Rodríguez como portavoz del Gobierno.Los dirigentes populares canarios nunca han considerado el canal autonómico como un asunto prioritario en el ejercicio diario del poder; pero han participado en los preparativos del mismo hasta las vísperas de la intervención del Gobierno central en el asunto.