Bruselas examina la legalidad de las ayudas de 1,98 billones pactadas con las eléctricas

La Comisión Europea está examinando con lupa los denominados costes de transición a la competencia, unas ayudas pactadas por la Administración con las compañías eléctricas y que ascienden a 1,98 billones de pesetas en los próximos 10 años. El Ministerio de Industria, la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) y, por supuesto, las empresas defienden la idoneidad de las ayudas acordadas, aunque mantienen distintas posiciones acerca de su importe. Del examen de la Comisión depende que esas ayudas se mantengan en su actual cuantía o se reduzcan.

Bruselas envió a España, hace un mes, un grupo de estudio formado por funcionarios de dos direcciones generales, la XVII, que se ocupa de Energía y la IV, que vigila las reglas de la competencia. Los funcionarios comunitarios se entrevistaron con responsables de Industria y de la CNSE.Según el director general de la Energía, Antonio Gomis, la labor de ese grupo forma parte de un amplio trabajo de la Comisión Europea sobre el mercado energético de la UE y, en concreto, sobre la trasposición de la Directiva de Energía, que entró en vigor en 1997, a las legislaciones nacionales.

En este contexto, según Gomis, la legislación española sobre el mercado eléctrico, más ambiciosa y adelantada que en la mayoría de los países de la UE, "está siendo examinada y vigilada porque toda decisión sobre ella sentará jurisprudencia [en la UE]". No obstante, y según el alto cargo, Industria no prevé conflictos con la Comisión a cuenta de los 1,9 billones de ayudas a la competencia pactados con las compañías.

Criterios de partida

Aunque no existe un documento oficial de la Comisión Europea que fije posición respecto a esas ayudas, Bruselas sí ha plasmado en un estudio previo los criterios que los países deben tener en cuenta a la hora de compensar a las compañías por entrar en libre competencia.Según el documento, las compensaciones tienen que ser "limitadas en el tiempo" y "decrecientes" en la medida que sea posible; deben ir acompañadas de planes de negocio viables en las empresas beneficiarias; las compensaciones no irán acompañadas de ayudas a la reestructuración en el periodo de transición; nunca podrán suponer una distorsión de la competencia y no podrán ser elemento fundamental para la supervivencia de una empresa.

Fuentes de la CNSE coinciden con Industria en que los expertos comunitarios sólo han elaborado, hasta el momento, informes generales y previos sobre el enfoque que deben tener los costes de transición a la competencia, aunque reconocen que en Bruselas existen diferencias de criterio, con una posición "más dura" de los servicios de la competencia que dirige Karel van Miert.

Los costes de transición a la competencia (que se reparten entre todos los consumidores vía tarifa), se pactaron en 1996 en el Protocolo Eléctrico. Su cuantía se fijó en 1.988.651 millones de pesetas, 295.000 de los cuales correspondían a incentivos o compensaciones a las eléctricas por consumir carbón nacional (más caro que el extranjero) y contribuir así al mantenimiento de empresas estatales con problemas, como Hunosa.

Esa compensación hacia las empresas por aceptar entrar en competencia y, según se supone, por los menores ingresos que esa competencia supondrá, se recogió en la Ley del Sector Eléctrico de 1997, pero con un matiz: la cantidad de 1,9 billones se considera "importe máximo" a recibir por las empresas en 10 años, periodo que podrá ser reducido "si las condiciones del mercado lo aconsejan" y el Gobierno lo estima oportuno.

Esos matices son el centro de un tira y afloja a tres bandas entre Industria, las empresas y la Comisión Eléctrica. Aunque las tres partes están de acuerdo en que las ayudas son necesarias para evitar que la competencia afecte negativamente a un sector de eficiencia discutible (según análisis de los técnicos de la CNSE), la cuantía de las ayudas y por extensión su impacto sobre los usuarios, es motivo de discrepancia. La Comisión Eléctrica consideró en su momento excesivas las ayudas, Industria se ha reservado la posibilidad de reducirlas y las empresas las asumen como un derecho adquirido. Hasta tal punto es así que las empresas están interesadas en vincular las rebajas de tarifas a la titulización (partición y colocación en el mercado financiero) de los costes que se les reconocieron en 1996. Esta fórmula, de la que Industria no es partidaria, supondría para las eléctricas asegurar de forma inmediata unos ingresos que la Ley considera "máximos".