Condena a Bélgica por no dejar votar a los extranjeros comunitarios
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, condenó ayer a Bélgica por no haber incorporado a su ordenamiento nacional la directiva comunitaria que otorga el derecho de voto en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo a los residentes de otros países comunitarios. La directiva obliga a reconocer a los residentes no nacionales tanto el derecho a votar como el de ser elegidos concejales e incluso alcaldes.La pereza belga se debe a las presiones de los partidos flamencos, temerosos de que el voto de los 135.000 residentes europeos en Bruselas reste aún más fuerza a la minoría flamenca (inferior al 15% de la población capitalina) en esta ciudad, que consideran su capital, en beneficio de los francófonos.
Desde enero de 1996, plazo máximo para la trasposición, Bélgica ha practicado el filibusterismo contra la Comisión Europea, que le exigía el cumplimiento de la directiva. Finalmente se excusó en que debía modificar la Constitución -pues ésta reconoce sólo a los nacionales belgas el derecho a voto-, algo que han tenido que realizar varios países, como Francia, que lo hizo con retraso el pasado mes de abril. Pero el Tribunal de Justicia advierte de que se trata de excusas de mal pagador, al recordar que no se pueden alegar disposiciones internas estatales para justificar la desobediencia al derecho comunitario.
Deberes cumplidos
Los otros 14 socios de la Unión Europea (UE) ya han cumplido sus deberes -incluido Luxemburgo, que goza de condiciones especiales, dada la importante minoría de residentes portugueses en ese país-, por lo que las elecciones a la Eurocámara del próximo mes de junio se celebrarán con el nuevo sistema. Éste fue propuesto por la Comisión Delors para desarrollar las normas de ciudadanía europea contenidas en el Tratado de Maastricht, y finalmente fue aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 1994.La sentencia tuvo ayer mismo un efecto fulminante. Los dirigentes de los distintos partidos belgas decidieron, en una reunión de urgencia, acatar la resolución. Como la reforma constitucional exige una mayoría de dos tercios, la coalición democristiana-socialista en el Gobierno tuvo que contar con la oposición liberal.
Gracias a su presión, se acordó otorgar el voto no sólo a los demás europeos -lo que ya sucederá para las municipales del año 2000- sino también, en una segunda fase, a todos los extranjeros. Para aplacar las inquietudes flamencas, se acordó también mantener e incluso aumentar las garantías a esa comunidad, en forma de sobrerrepresentación en el Gobierno de la metrópoli. En caso de que estas medidas no se apliquen con celeridad, la Comisión puede arremeter contra Bélgica, abriendo un nuevo procedimiento que le permitiría imponer importantes multas en función de cada día de retraso.
