El defensor de tres comisarios relaciona a Marey con ETA
José Aníbal Álvarez, abogado de los comisarios procesados Miguel Planchuelo, Julio Hierro y Francisco Sáiz Oceja, centró su informe final de defensa ante el Tribunal Supremo en que la captura de Segundo Marey no fue un secuestro, sino la detención de un miembro de ETA "más o menos activo". Partiendo de esta premisa, el letrado dedujo que "la detención y custodia" de Marey fue "a todas luces legal", por lo que pidió la absolución de los jefes policiales.
José Aníbal Álvarez ya se destacó por su agresividad hacia Segundo Marey durante el reciente interrogatorio de éste como testigo en el juicio. Ayer convirtió su alegato de defensa de los tres policías procesados en un ataque al secuestrado, cuya sinceridad puso "en cuarentena" sobre todo por haber dicho que durante su cautiverio le mantuvieron drogado, circunstancia que nunca antes había mencionado.Durante la sesión de ayer presentaron sus informes finales cuatro abogados, todos los cuales pidieron la libre absolución de sus defendidos, o, alternativamente, la extinción de la responsabilidad criminal por prescripción.
Aníbal Álvarez inició su informe dirigiendo un recuerdo "a las víctimas de ETA que han padecido auténticas secuelas" y rechazó enérgicamente el aserto de las acusaciones populares de que los policías habían prescindido de las exigencias del Estado de Derecho. Dijo, por el contrario, que sus patrocinados "han estado velando por el Estado de Derecho día a día, llegando a sacrificar a sus propias familias".
Álvarez acusó a Marey de haber tratado de "desdibujar su pertenencia o sus contactos con ETA, para dar una imagen que nada tiene que ver con el mundo abertzale", e insistió repetidamente en que Marey había sido miembro de ETA o simpatizante de esta organización, "por mucho que les pueda doler a las acusaciones".
El abogado se remitió al testimonio del propio Marey en el juicio y subrayó que éste había reconocido su vinculación mercantil con la empresa Sokoa de Hendaya -donde la policía halló en noviembre de 1986 un arsenal y documentación de ETA- y sus relaciones con el entonces gerente de esa cooperativa, Patxi Noblia, y con el transportista Mikel Lujua, supuesto militante etarra. Agregó que la familia de Marey contrató a Christianne Fando, "abogada de los refugiados vascos relacionados con ETA en Francia".
Drogado
El defensor de los tres policías ironizó sobre las "16 o 17 veces que Marey dijo ante esta Sala la fe ciega que tenía en la Justicia española" y apostilló: "Afortunadamente, no venía drogado".Sobre sus defendidos, Álvarez mantuvo que a Sáiz Oceja le dijeron que alquilase una cabaña "y la alquiló sin saber para qué era". A Julio Hierro y a Sáiz Oceja les dijeron que fueran al túnel de Basauri (Vizcaya) "porque traían a un miembro de ETA, pero no saben quien lo trae."
En cuanto a Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada de Información de Bilbao, "actuó cumpliendo órdenes", según su abogado. Sobre el delito de malversación que se le imputa, el letrado afirmó que por las manos de Planchuelo no había pasado el millón de francos para gastos del secuestro, por lo que "malamente se puede malversar con el pensamiento".
La apelación a la obediencia debida fue su otro argumento de defensa: "Se limitaron a seguir órdenes. Todos cumplieron órdenes y en la creencia de que la órdenes eran legales", añadió.
El letrado Andrés Planas, defensor de Luis Hens y José Ramón Corujo, los dos policías que custodiaron a Marey en la cabaña de Colindres (Cantabria) durante su cautiverio, recordó que en 1983 éstos eran "dos pipiolos" que recibieron una orden del jefe de la brigada, Miguel Planchuelo, para custodiar a un detenido como cuestión de Estado y de alto secreto. "Actuaron en la creencia de que la detención era legal", reiteró Planas "y lo hicieron dentro de la función pública, no por motivos privados". "Para negarse a cumplir esa orden ésta tendría que haber sido ilegal, de manera manifiesta, clara y terminante", siguió el abogado, para quien dicha orden no reunía en aquel momento tales requisitos.
Planas calificó de "totalmente exagerada" la indemnización de 125 millones de pesetas que reclama Marey por las secuelas del secuestro y aún la de 36 millones que pide el fiscal.
El defensor negó que los dos policías hubieran incurrido en un delito de secuestro bajo condición, ya que desde la cabaña no podían saber que alguien hubiera exigido la excarcelación de un inspector y tres geos detenidos en Francia -en relación con el intento de secuestro de José María Larretxea- como condición para liberar a Marey. Por ello, pidió la absolución y alternativamente defendió también que el delito habría prescrito ya para ambos inspectores.
Ni héroes ni villanos
Manuel Murillo, defensor del ex jefe de Policía de Bilbao Francisco Álvarez, destacó que los procesados no eran "héroes ni villanos", sino que se vieron "inmersos en el tremendo problema de España, el nacionalismo". Según Murillo, cuando el PSOE llegó al poder "le toca buscar una salida a ese problema", sobre todo tras el secuestro y asesinato por ETA del capitán Alberto Martín Barrios. "El PSOE combatió el terrorismo con métodos legales y en eso surgió el error del secuestro de Marey", agregó.Según este abogado, los procesados no constituyeron un banda armada, sino que actuaron "bajo la jerarquía del Ministerio del Interior", que no pretendía subvertir el orden constitucional. Definió a Álvarez como "un brillante policía" que no creía que la orden de capturar a un etarra en Francia, después del caso Larretxea, fuera injusta ni ilegal. El juicio seguirá el próximo lunes con los informes de los abogados de Julián Sancristóbal, Rafael Vera y José Barrionuevo. Después el tribunal dará un turno de palabra a cada uno de los 12 procesados antes de que el juicio quede visto para sentencia.
