Rebaja aplazada

LA DECISIÓN del Ministerio de Industria de aplazar cualquier posible rebaja de las tarifas eléctricas hasta 1999 es una mala e inmerecida noticia para el consumidor. La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (CSEN), un organismo teóricamente clave en la regulación eléctrica pero cuyas recomendaciones son casi siempre desechadas por este Gobierno, sostiene que este año las tarifas podían bajar más del 8% -además de la rebaja de un 3,6% en enero- por el descenso de los tipos de interés y el crecimiento de la demanda por encima del 6%. La respuesta del Ejecutivo, presumiblemente influido por las compañías eléctricas -que se resisten a admitir rebajas adicionales de tarifas-, ha sido aplazar el recorte de tarifas hasta 1999, aunque, eso sí, ofreciendo para el próximo año una reducción del 3%, superior al 1% previsto inicialmente.El aplazamiento plantea algunas cuestiones relevantes para analizar con qué criterios se está gestionando una tarifa intervenida, se supone que para beneficio de todos los ciudadanos. La primera es que la CSEN tenía razón cuando, a finales del año pasado, en su informe sobre las tarifas eléctricas para 1998, propuso un abaratamiento del recibo de la luz para este año superior al que finalmente admitió el Gobierno. Si este abaratamiento era posible entonces y ahora,el Gobierno debería explicar por qué aprobó una tarifa superior y por qué ahora no corrige aquella decisión. Y si cree que la CSEN no tiene razón, ha de argumentar por qué. Fiar a 1999 la decisión sobre la tarifa equivale a demorar el conflicto de fondo entre los cálculos de la CSEN y los de las compañías e incumplir las tareas de arbitraje del ministerio.

La segunda es que los ciudadanos no están obligados a entender ni a soportar una cuantía tarifaria por encima de los costes de mercado; si la rebaja de los tipos y el crecimiento de la demanda permiten reducir el precio de la electricidad ya, es un perjuicio muy grave para los consumidores, además de una imposición inadmisible que el ministro debe explicar lo antes posible; sobre todo, después de su promesa de abaratamiento de la tarifa como resultado de una liberalización estancada o que avanza a un ritmo muy lento.

El calendario actual de liberalización es demasiado largo. Los usuarios tienen derecho a elegir suministrador y negociar las condiciones de sus contratos en un plazo razonable. Sería positivo que, para acelerar el ritmo de adaptación al mercado, el Gobierno aceptara la sugerencia de la CSEN de ampliar inmediatamente el número de empresas que pueden elegir suministrador. Y que los plazos de nuevas incorporaciones se abrevien al máximo. El Gobierno no puede condicionar el derecho de los consumidores a tarifas óptimas para sus bolsillos y a pactar su propio suministro a las exigencias de unas empresas que han gastado más de doce años en un proceso de saneamiento financiero y se disponen a utilizar otros diez en la "transición a la competencia". Éste no es el ritmo de los tiempos.