Gutiérrez teme un pacto "oculto" para excluir a la Junta de la reforma del PER
La Junta no está dispuesta a renunciar a formar parte de las negociaciones para reformar el PER. El consejero de Trabajo, Guillermo Gutiérrez, dijo ayer que la negativa del Gobierno central, UGT y CC OO a tener en cuenta a la Junta podría tener su origen en "un acuerdo oculto". El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Tierra, Antonio Moreno, rechazó la acusación y culpó a Gutiérrez de llevar a Andalucía a un "callejón sin salida". Por su parte, representantes de 31 ayuntamientos de Cádiz empezaron a estudiar futuras movilizaciones contra la reforma del PER.
Gutiérrez insistió en que Andalucía tiene derecho a ser tenida en cuenta en las decisiones que se tomen sobre el futuro del subsidio agrario porque es la comunidad donde mayor número de trabajadores agrícolas se benefician de dicho sistema. "El Gobierno debe negociar con Andalucía y Extremadura, que son las dos únicas comunidades donde existe y que aportan para ello, en el caso andaluz, 6.000 millones de pesetas", dijo el consejero. También respaldó el sistema y afirmó que el PER es un buen sistema para Extremadura y Andalucía. "Tal es así", dijo, "que ellos lo han mantenido". Guillermo Gutierrez, ante la reacción de UGT y Comisiones Obreras, reiteró su intención de "no hacer confrontación con los sindicatos, sino de exigir la participación del Gobierno andaluz en un sistema que afecta directamente a estas comunidades". La Junta no es la única que plantea la existencia de un acuerdo oculto en torno al Plan de Empleo Rural (PER). El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) salió ayer con la misma impresión tras reunirse durante 90 minutos con el secretario general de Empleo, Manuel Pimentel. Para Manuel Lara, miembro de la secretaría colegiada del SOC, en la reunión "no se dijo toda la verdad" sobre la situación exacta de las conversaciones que mantienen Gobierno y sindicatos. Según este dirigente sindical, Pimentel descartó excluir del subsidio agrario a los menores de 25 años y los mayores de 45. Los representantes del sindicato jornalero exigen también al Gobierno central una "respuesta clara" sobre la propuesta de elecciones sindicales para garantizar que los 500.000 eventuales agrarios de Andalucía obtengan su representatividad legal. El SOC pide además al Gobierno central que ponga a disposición de los sindicatos de obreros del campo y del medio rural el patrimonio sindical. Al mismo tiempo, tratan de recabar información del Gobierno sobre los planes previstos para el futuro de las tierras públicas que pertenecen al Estado. El SOC propone que dichas tierras sean entregadas a cooperativas de trabajadores del campo. Respuesta de UGT El responsable de la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT, Antonio Moreno respondió a las acusaciones de la Junta y del SOC. Negó la existencia de un acuerdo oculto con el Gobierno en relación a la modificación del PER y lamentó, en alusión al consejero de Trabajo, que "ciertas personas" formen parte del Ejecutivo regional, a la vez que recomendó que "se dedique a hacer política y no lleve a Andalucía a un callejón sin salida". UGT no sólo mostró su malestar por las declaración de Gutiérrez sino que, además, solicitó al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que "tome una decisión" en relación con el consejero. Mañana miércoles se reanudarán las negociaciones para la reforma del PER entre Gobierno, UGT, CCOO y Asaja. Por otra parte, los 31 ayuntamientos de la provincia de Cádiz, integrados en la plataforma contra la reforma del PER, han comenzado a estudiar la realización de movilizaciones contra esta iniciativa del Gobierno. Lo anunció ayer el vicepresidente de la Diputación Provincial, Francisco González Cabañas (PSOE), quien ha auspiciado la plataforma. "Es necesario que se oiga la voz del mundo rural", dijo. González Cabañas se entrevistó ayer con Diego Cañamero, secretario del SOC, quien se mostró partidario de "cualquier reforma agraria, siempre y cuando no suponga una disminución de los derechos del trabajador".
