El Consell sólo pidió dictamen al Comité Económico y Social en el 50% de las leyes tramitadas en 1997

El Consell sólo ha pedido al Comité Económico y Social (CES) que dictamine sobre 12 anteproyectos de ley de los 24 tramitados por las Cortes valencianas en 1997. Esta práctica reduce considerablemente las funciones de este órgano consultivo que, según la legislación, debe informar obligatoriamente sobre proyectos que regulen materias económicas y sociales. El PP ha dejado de remitir, entre otras, leyes de cámaras de comercio, de colegios profesionales, de régimen sancionador de la vivienda, de fomento de la investigación y la de creación de la Universidad de Elche.

La opinión del Comité Económico y Social -integrado por representantes de la Administración autonómica, de organizaciones sociales, de la patronal y de los sindicatos- resulta especialmente lógica en las leyes polémicas. La norma atribuye al ente, creado en 1983, la emisión de dictámenes "con carácter preceptivo, previo y no vinculante" sobre anteproyectos de contenido "económico,socio-laboral y de empleo", que el Consell debe remitir después a las Cortes, así como de todos aquellos "proyectos de ley, planes y programas". La importancia del órgano reside en que, si bien sus alegaciones sólo deben entenderse como recomendaciones, en la práctica, se interpretan como el apoyo o rechazo de la sociedad a la ley. El CES debe pronunciarse asimismo acerca de los borradores cuyo contenido afecte a su "organización, competencias y funcionamiento". Sin embargo, tampoco el anteproyecto de la Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación ha pasado por el comité, pese a que entre sus miembros se prevén representantes de estos órganos empresariales. Previsiblemente el Consell no la remitió al CES para no enfrentarse a un dictamen negativo. Empresarios y sindicatos habían manifestado su intención de unirse para rehusarla. La interpretación restringida del concepto "económico y social" impide determinar si el CES ha de pronunciarse sobre leyes como la de creación de la Universidad Miguel Hernández, sobre la que hay interpuesto un recurso de inconstitucionalidad. La imprecisión de las materias sobre las que debe emitir dictamen sólo veta la intervención del órgano en un caso: el proyecto de Ley de Presupuesto de la Generalitat Valenciana. El comité, en cambio, sí debe opinar sobre las leyes de Acompañamiento de Presupuestos. Las referentes a 1997 y 1998 fueron remitidas al CES el año pasado, pero de la última (Ley de Gestión Administrativa, Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana) no se elaboró informe debido a la falta de consenso entre los miembros del ente. Funcionamiento interno La aprobación de un dictamen favorable requiere los votos de las tres quintas partes del pleno del CES. El reglamento no prevé que el informe pueda ser desfavorable, pero cuando la mayoría no se consigue puede entenderse que el anteproyecto ha sido rechazado. El CES no emitió dictamen de dos de los 12 anteproyectos que el Consell le envió en 1997: el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1998 y el de la familia. Ambos, sin embargo, fueron aprobados por las Cortes, que el pasado año tramitaron 24 proyectos de ley (no todos transformados en ley en ese mismo ejercicio). Cuatro de sus borradores fueron remitidos al CES en 1996, pero las Cortes Valencianas no los debatió hasta 1997. Son los anteproyectos de supersión de barreras arquitectónicas, de drogodependencias y otros transtornos aditivos, de sistema de servicios sociales y de medidas de gestión y organización de la Generalitat o la Ley de Acompañamiento de Presupuestos de 1997, cuyo dictamen tampoco logró el apoyo suficiente del ente para salir adelante. En 1996, el CES sólo recibió encargo de dictaminar sobre estos cuatro anteproyectos, así como del Plan de Actuaciones para la Mejora del Empleo Rural (Pamer III). Además de éstos, el Consell remitió al CES en 1997, los anteproyectos de la ley de cajas de ahorro, de horarios comerciales, de tasas de la Generalitat, de regulación del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y restantes tributos cedidos, de turismo, de tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos, y el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.