La CEA apoya a los urbanizadores para que se apruebe el PGOU de Gil

La Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial ha conseguido el apoyo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para tratar de convencer a la Junta sobre la necesidad de aprobar el cuestionado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, que se encuentra suspendido. Los urbanizadores anunciaron ayer que en los próximos días se reunirán con Manuel Chaves para intentar "dar un impulso definitivo" al proyecto de revisión urbanística de Jesús Gil.

La agrupación de urbanizadores reclama el desbloqueo del PGOU, que la Comisión Provincial de Urbanismo decidió suspender hace tres semanas al detectar "graves deficiencias". La Junta impugnó 54 licencias de obras que afectan a zonas verdes o de equipamiento, pero que no impiden la ejecución de sus trabajos a todo ritmo. Los urbanizadores, aunque alineados con la propuesta del plan de Gil, se proponen desempeñar un papel mediador entre la Junta y el Ayuntamiento y piden a la primera "la inmediata aprobación del PGOU en todos aquellos aspectos que no resulten incompatibles con la legalidad vigente", y al segundo, que "se subsanen todas las deficiencias". La suspensión del plan fue duramente rechazada por el gobierno de Gil, que acordó facultar al alcalde para querellarse por prevaricación contra los miembros de la Comisión de Urbanismo que apoyaron esa decisión. Gil comunicó, en una reunión que el pasado jueves tuvo con el presidente de los urbanizadores andaluces, Ricardo Arranz, su convencimiento de que el PGOU se aprobará. Éste ya se reunió hace una semana con el delegado provincial de Obras Públicas, Carlos Morales, buscando una "posición conciliadora" entre ambas administraciones. El presidente de la CEA, Rafael Álvarez Colunga, expresó su preocupación a los urbanizadores y se ofreció a acompañarles en la entrevista que mantendrán con Chaves para "dotar a Marbella de un marco legal de actuación urbanística". Por otro lado, Arranz, a quien el club de golf que presidía le denunció por aprovechamiento indebido de dinero al "haber firmado un contrato en su beneficio particular", negó estas acusaciones, que achacó a "un torpe intento" de su antiguo socio Tomás Pascual de dañar el honor y la imagen del presidente de los urbanizadores. El club acusó a Arranz de abusar de su cargo de presidente del campo de golf La Quinta para abrir un restaurante en la zona. El urbanizador negó también esta denuncia, que tachó de "absurda e incierta".