Yeltsin actuará contra la primera empresa del país si no paga sus impuestos

Borís Yeltsin: un Gazprom fuerte significa un Estado fuerte. Serguéi Kiriyenko: todos tienen que pagar impuestos. Estos dos conceptos entraron ayer en aparente conflicto y pusieron sordina al debate parlamentario sobre el plan anticrisis presentado un día antes en la Duma por el primer ministro. Pero éste contó con todo el respaldo del líder del Kremlin cuando cursó dos órdenes para lograr que la mayor empresa del país, el consorcio de gas Gazprom, pague una deuda en impuestos que se mide en cientos de miles de millones de pesetas. Al caer la noche, Gazprom prometía pagar, pero Kiriyenko insistía en que, si no era así, no dudaría en utilizar el hacha.Kiriyenko pidió a su antiguo jefe y actual subordinado Borís Nemtsov, vicejefe de Gobierno, que revisara el contrato que permite al presidente de Gazprom, Rem Viájirev, actuar en nombre del 35% de acciones estatales en la compañía. Sobre Viájirev, que estaba de viaje en Austria, pendió durante todo el día la espada de Damocles del cese. Kiriyenko contaba para ello con aumentar de 5 a 6 sus representantes en el consejo de directores, de 11 miembros. El propio Viájirev dijo que la compañía anularía el contrato con el Estado.

Siguiendo instrucciones suyas, los jefes de la policía fiscal y del servicio de impuestos prepararon un mecanismo de bloqueo de las cuentas de Gazprom. Más aún, se disponían a confiscar activos no productivos como edificios, automóviles de directivos, residencias de verano y de fin de semana, pabellones de caza, piscinas y otras instalaciones de lujo.

Todo fuera por defender el sacrosanto principio de que incluso las empresas monopolísticas deben pagar al fisco. El aumento de la recaudación de impuestos es el eje de un programa que pretende evitar el colapso financiero, cuyo primer síntoma sería la devaluación del rublo y la quiebra de numerosos bancos. Los pagos de Gazprom al Estado suponen, en teoría, entre el 15% y el 20% de todos los ingresos presupuestarios. La deuda acumulada asciende a unos 15.000 millones de rublos (375.000 millones de pesetas). Diversos líderes políticos se llevaron las manos a la cabeza por la magnitud del desafío e incluso denunciaron que suponía someterse a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que quiere que se desmantelen éste y otros monopolios.