Una ONG denuncia que el cierre de fronteras fomenta las mafias de inmigrantes

La presencia de redes internacionales de tráfico de inmigrantes ilegales en España ha crecido con el progresivo endurecimiento en los controles fronterizos para impedir la entrada de inmigrantes. Así lo denunció ayer la organización no gubernamental SOS Racismo, quien presentó en Madrid su Informe Anual sobre el racismo en el Estado español. A su juicio, el enfoque exclusivamente policial de la política de migraciones propicia además que aumenten los casos de vulneración de derechos fundamentales como el de asilo.

"A pesar de que el volúmen de población inmigrada en nuestro país es reducido y de que los flujos migratorios son moderados", señala el informe, unas 23.000 personas que se hallaban en el Estado español recibieron en 1997 orden de expulsión y otras 17.000 fueron rechazadas (sólo en las costas andaluzas, Ceuta y Melilla).Las autoridades impusieron además medidas muy estrictas para evitar la llegada de nuevos inmigrantes, como el control policial en los puntos de desembarco de pateras o el refuerzo de las medidas de control en Ceuta y Melilla. SOS Racismo ha tenido constancia de casos de control de pasaporte a pie de avión en algunos aeropuertos lo que, según señaló ayer el portavoz de la organización, José Antonio Moreno, "impide el derecho al asilo".

El problema, añadió, es que no existe una política de integración de los flujos migratorios, sino que el único enfoque existente es el policial. "Se identifica al inmigrante como delincuente en todos los casos y todas las actuaciones son de orden público". En este sentido, el informe señala que la política de extranjería es "uno de los principales agentes discriminatorios del Estado español". En sentido directo porque "condena a la inferioridad de derechos a la totalidad de la población extracomunitaria", pero también de forma indirecta, porque "es muy difícil que se perciba como iguales a personas que no tienen los mismos derechos".

SOS Racismo también ha advertido durante 1997 el aumento "significativo" de denuncias por discriminación, racismo y agresiones. No obstante, la organización no lo atribuye tanto a que se produzcan más hechos de este tipo, sino a una mayor sensibilización de la sociedad y los medios de comunicación y a que los afectados cada vez tienen menos miedo a denunciar.

En cambio, lo que si se ha constatado es el crecimiento de las agresiones racistas en el entorno rural y en las zonas donde se pretende hacer una "permeabilización de las fronteras", como en Murcia, Almería, el Campo de Gibraltar y Algeciras, donde se ha advertido del recelo de la población hacia los inmigrantes. En los núcleos urbanos, por el contrario, las denuncias de agresiones se han mantenido estancadas, pero se han trasladado a otro tipo de hechos: discriminación laboral, social, etc.

El cupo desbordado

Las solicitudes de permisos de trabajo para extranjeros no comunitarios, cuyo plazo se cerró el pasado 30 de junio, han ascendido este año a 60.071, sobre un cupo fijado para 1998 por el Gobierno de 28.000 visados, informa Begoña Aguirre. La directora general de Migraciones, Ángeles Múñoz, aseguró ayer que, a diferencia del año pasado, no está prevista ninguna ampliación del cupo. "Aunque el número de peticiones haya duplicado al de permisos existe un 25% de solicitantes que no presentan una oferta creíble de empleo por lo que se les denegará su demanda", explicó.

En la actualidad viven en España 176.022 inmigrantes no comunitarios con permiso de trabajo y residencia. El 88% están empleados por cuenta ajena, sobre todo en el sector servicios (62%) y una tercera parte son mujeres.