Ex empleados del centro de salud mental de Bétera critican su gestión
El Síndic de Greuges ha decidido admitir a trámite las quejas de varios ex trabajadores del centro de enfermos mentales de Bétera (entre ellos su ex directora) en las que cuestionan la gestión privada de un servicio que depende de la Consejería de Bienestar Social. Su queja principal es el "desinterés" de la Administración por la rehabilitación de los pacientes ingresados en un centro que califican de "aparcadero de locos" y en el que se destituye, dicen, a los empleados que denuncian alguna irregularidad.
La ex directora del centro de atención a enfermos mentales de Bétera, Gloria Ibáñez, afirma que las presiones recibidas desde que elaboró un informe en el que denunciaba el trato vejatorio hacia un enfermo por parte de una auxiliar del centro concluyó con su destitución como directora, el pasado mes de enero. Un informe que partía del testimonio de dos auxiliares (a las que la empresa no renovó su contrato) que afirmaban haber visto a otra de ellas "limpiar el culo de un enfermo con una escobilla del water". Tanto Ibáñez como Graciela Orrit, una de las denunciantes, afirman que la Administración (en este caso la Dirección General de Servicios Sociales, de la Consejería de Bienestar Social), hace "caso omiso" a las irregularidades que se cometen en el centro, que ha acabado convirtiéndose en un "aparcadero de locos". Sus quejas se unen a las de otros dos ex empleados del centro, que lamentan que la Administración haya dejado en manos de una empresa privada la atención sociosanitaria de los enfermos mentales. Una de la protesta común a todos ellos es que la empresa (Eulen) no tiene especial interés en dotar al centro de suficiente personal para atender a los 80 enfermos, que actualmente quedan al cuidado de cuatro empleados en los turnos de noche. Temor a las represalias Un ex trabajador del centro relató a este periódico que la empresa ejerce "chantajes laborales a todo aquel que abre la boca", y que llegó a entrevistarlos, uno a uno, para preguntarles por su afiliación sindical. "Yo he tenido que ir más de una vez con mi propio coche a recoger a un enfermo a su casa, con el peligro que ello conlleva", explica un antiguo empleado de Bétera, que dice que no pudo contar lo que allí ocurre hasta que no abandonó su puesto de trabajo. Otra de ellas comenta que la falta de material para realizar talleres impide una buena rehabilitación de los pacientes, a muchos de los cuales se les da el alta antes de tiempo: "Algunos ingresan en el centro por problemas derivados del consumo de drogas, y en cuanto salen a la calle vuelven a recaer", afirma. Ibáñez, que ha puesto cinco denuncias contra la Consejería de Bienestar Social y una contra la directora general de Servicios Sociales [EL PAÍS intentó ayer y anteayer, infructuosamente, hablar con ella] sostiene la misma teoría que las auxiliares que denunciaron el trato vejatorio hacia un enfermo, y es que la Administración ha optado por quitarse de encima a un colectivo de enfermos que "molestan". "Lo único que no quieren son problemas, no les interesa el trato que reciban los ingresados", afirman. "Y si hablas, te vas a la calle", concluyen.
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