17.536 inmigrantes solicitan los 8.415 permisos laborales para extracomunitarios

Numerosos inmigrantes verán truncado su sueño de residir legalmente en España. Son 17.536 los trabajadores extranjeros que competirán por los 8.415 permisos laborales reservados este año en Madrid a ciudadanos no comunitarios. ONG y sindicatos tachan la oferta de "insuficiente". La Dirección General de Migraciones lo niega y replica que un 30% de los demandantes carecen de una oferta de empleo creíble. Este año ha surgido una nueva polémica al crearse una comisión, con cuatro ONG, para buscar soluciones a inmigrantes arraigados en España que permanecen como irregulares.

Organizaciones como Sos Racismo y Comrade, asociaciones de inmigrantes marroquíes como Atime y Aeme y sindicatos como UGT y CC OO manifestaron al comienzo de este proceso anual conocido como cupo o contingente, que con 8.415 permisos seguirán en la ilegalidad un buen número de inmigrantes que viven y trabajan en la región.Ya en 1997 hubo 5.600 solicitudes que quedaron fuera del cupo porque éste se cubre con las peticiones que cumplen los requisitos según el orden de presentación. Entonces hubo 20.000 solicitudes para 8.000 plazas en un plazo de inscripción de diez meses y no de tres como ahora (del 31 de marzo al 30 de junio).

Pero para la directora general de Migraciones, Ángeles Múñoz, la oferta de permisos se adecúa al número de inmigrantes que cuentan con una oferta de trabajo real. "No se trata de conceder un permiso a todo el que lo quiera sino a quien presente una oferta laboral seria que le vaya a permitir renovarlo al año siguiente y trabajar en condiciones dignas", asegura. "Entre las solicitudes estudiadas hay un 30% de casos con ofertas de empleo que no son fiables y que serán denegadas, ese porcentaje subirá hasta casi el 50%, como ha sucedido otros años, cuando analicemos los últimos expedientes", matiza.

"Podríamos fijar en vez de 8.415 permisos, el triple, pero siempre serían insuficientes porque estos procesos ejercen siempre un efecto llamada", apostilla. "Suele decirse que se presentan sobre todo inmigrantes que viven ya en el país en situación irregular pero sobre todo hay recién llegados", concluye Muñoz. ONG y sindicatos discrepan y afirman que estos cupos anuales son la única vía de regularización para residentes de años.

Valorar el arraigo

Aquellos inmigrantes a los que se les deniega su solicitud en los cupos quedan en situación ilegal. Pero este año se les abre una nueva puerta: la comisión para la normalización de la situación de extranjeros con arraigo en España creada en marzo e integrada por cuatro representantes de las asociaciones ASTI, FAIN, UGT y Atime y cuatro de los Ministerios de Trabajo e Interior.Su cometido es buscar soluciones a inmigrantes que, a pesar de tener arraigo en España, permanecen en situación irregular. Fue el Foro nacional para la integración social de los inmigrantes el que eligió a las organizaciones que forman esta comisión cuya existencia se ha divulgado por el boca a boca, sin publicidad. ¿Cómo se demuestra el arraigo? Por la permanencia prolongada del inmigrante en España; su incorporación, real o potencial, al mercado laboral o porque haya sido titular de un permiso de trabajo y residencia y se le haya denegado la renovación. La forma como se ha puesto en marcha esta comisión ha generado polémica entre las ONG. Rafael Guardo, presidente de Comrade, considera que su creación puede ser positiva para los inmigrantes. Pero critica "el secretismo" con el que ha venido funcionando. "Nos hemos ido enterando por radio macuto", afirma. Y cree, además, que debían integrarla más asociaciones. "Parece que son siempre las mismas entidades las que gozan de credibilidad en estos temas", añade.

José Antonio Moreno, de Sos Racismo, califica la medida de "regularización clandestina". "Clandestina porque no hay una figura jurídica que regule su creación ni un reglamento que la rija, eso supone que tampoco existe publicidad sobre ella ni se fijan vías legales para recurrir sus decisiones", afirma.

"Estamos a favor de una regularización pero no de esta forma chapucera", añade Moreno. Sos Racismo cree que con la comisión se intenta solucionar problemas creados por la propia normativa de extranjería. "Pero la forma de resolverlos no pasa por corregir casos aislados sino por modificar las leyes que han dado lugar a esta situación", indican.

Beyuki Abdelhamid, presidente de Atime, cree que en la comisión no habrá trato de favor a los casos presentados por las ONG que la forman: "De poco sirve que yo me empeñe en aprobar un caso si las decisiones de la comisión se deben de tomar entre todos sus miembros", asegura.

Fernando Galán, secretario confederal de migraciones del sindicato CC OO, admite que la solución es cambiar la ley de extranjería. "Pero mientras es positivo solucionar casos concretos como los de los vendedores ambulantes que quedan fuera de los cupos y no encajan en los permisos para trabajadores autónomos", afirma. "La comisión aplica la legislación vigente y no se va a inventar otra. No existe tampoco arbitrariedad ni falta de transparencia porque su funcionamiento lo aprobamos en el Foro y cualquier inmigrante o ONG puede acudir a ella", concluye Galán.