Editores de revistas científicas abogan por un comité contra el fraude en la investigación

En el Reino Unido, la profesión médica está en estado de ebullición. Primero fue el llamado caso Bristol, donde cirujanos pediátricos de esa ciudad fueron denunciados por practicar una cirugía de alto riesgo a sabiendas de su mal resultado. El escándalo creció cuando el prestigioso semanario científico British Medical Journal (BMJ) reconoció que le habían colado dos artículos presuntamente fraudulentos en una semana. La consternación ha llevado al Comité de Ética de la Publicación, que agrupa a los editores de revistas científicas, a proponer la creación de un órgano nacional encargado de combatir el fraude en la investigación médica.La propuesta llega después de que la experiencia demostrase la incapacidad de las universidades y centros de investigaciones en ejercer ese tipo de control, explica Richard Smith, editor del BMJ. Dichas instituciones "no tienen suficiente experiencia y se enfrentan a un terrible conflicto de intereses a la hora de denunciar a uno de sus miembros por fraude". Un ejemplo es el General Medical Council (Consejo General Médico), "que hasta recientemente ponía la solidaridad profesional por encima de manifestarse de acuerdo al interés público", recuerda Caroline White, periodista de la citada revista. "Lo que ha faltado a la medicina es una crítica vigorosa por dentro y por fuera de la profesión", añade Richard Horton, editor de The Lancet.

El fenómeno de la mala práctica en la investigación es relativamente nuevo. Bajo este rótulo se compendian transgresiones a la ética científica, desde plagio, falsificación de datos, hasta fraude puro y duro, pasando por la publicación de material redundante (sólo los textos redundantes representan un 13% de los artículos publicados, informa Caroline White). La picaresca comprende el fraccionamiento de una pieza de investigación para crear tantos artículos como sea posible y la presentación de textos a las revistas sin haber sido vistos o aprobados por los coautores.

Entre sus practicantes figuran los médicos generales, los jóvenes e inexpertos, y aquellos situados en la cúspide de la profesión, precisa Michael Farthing, editor de la revista Gut. La mayoría de las irregularidades son detectadas por los responsables de las publicaciones científicas, pero su paciencia ha llegado a un límite, pues, como manifiesta Farthing, "un editor no tiene mandato para investigar los trabajos sospechosos de mala práctica". Y acto seguido se pregunta: "¿Es ésta realmente la tarea de un editor?".

Órgano independiente

La solución apuntada por el Comité de Ética tiene su modelo en la Oficina de Integridad Científica, establecida en Estados Unidos en 1990, e imitada por instituciones similares en Dinamarca, Noruega, Finlandia y Australia. La visión de una superagencia independiente de las instituciones académicas y cuerpos profesionales no deja de despertar recelos y reticencias en muchos investigadores, preocupados por la perspectiva de mayor control burocrático y pérdida de autonomía. A las objeciones responden sus defensores diciendo que "el público británico, pasmado ante las revelaciones del caso Bristol acerca de los cirujanos que continuaban operando cuando sabían que sus resultados eran malos, necesita reasegurarse de que se está haciendo todo lo posible para asegurar la pureza de la investigación".A favor de la experiencia americana se expresa Drummond Rennie, editor del estadounidense Journal of the American Medical Association (JAMA). La primera tarea de la Oficina de Integridad Científica fue sentar una definición de mala práctica y un procedimiento a seguir cuando se formule una acusación. Sus criterios han sido adoptados por la mayoría de las instituciones investigadoras de Estados Unidos.

El debate no ha hecho más que comenzar. Por lo pronto, en el campo de la mala práctica profesional ya se han dado pasos: respondiendo al revuelo causado por el caso Bristol, el Colegio de Cirujanos de Inglaterra creará un "grupo de respuesta rápida" de modo que un directivo del colegio y un cirujano experimentado se personen en 48 horas en los quirófanos donde sean requeridos para actuar y ofrecer consejo.