Los sueldazos de "sus euroseñorías"

Se sabía que los jueves el hemiciclo del Parlamento europeo estaba semivacío y que en la sesión plenaria del viernes apenas permanecían en sus escaños un puñado de los 626 eurodiputados. Un informe, aún no adoptado formalmente, del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea acaba de poner al descubierto el despilfarro por la Eurocámara, desde 1990, de los dineros públicos. El presidente del Parlamento Europeo, el español José María Gil-Robles, ha reaccionado enviando una carta a los parlamentarios instándoles a seguir corrigiendo estos abusos antes de que acabe la legislatura, en 1999. Se enfrenta, sin embargo, con una fuerte resistencia interna.Entre 1990 y 1997 el gasto medio anual por eurodiputado, al margen de su salario, aumentó de 23,2 millones de pesetas, a 38,1 millones. El crecimiento anual fue del 7,4%, un porcentaje con el que no se ha atrevido a soñar ninguna administración pública. Los sueldos netos de los eurodiputados, equiparados a los de sus parlamentos nacionales, varían de los 1,57 millones de pesetas que ganan los italianos a las 405.000 pesetas de los españoles, los peor pagados.

Más allá de las cantidades globales, los inspectores del tribunal ponen el dedo en un montón de otras llagas. Las dietas de viaje de los parlamentarios se calculan, por ejemplo, aplicando un baremo kilométrico -128 pesetas por cada uno de los primeros 400 kilómetros y 64 para el resto- entre el domicilio privado y el lugar de reunión. La cantidad abonada supera "en una media del 30% la tarifa aérea en clase business".

Pero los eurodiputados no viajan en business. "Emplean con frecuencia medios de transporte más económicos" e incluso gratuitos, como los alemanes, que no pagan en la red ferroviaria de su país y sólo abonan el trayecto de diez kilómetros entre la frontera de Alemania y Estrasburgo. Algunos declaran además residir ciudades más alejadas de Bruselas o Estrasburgo que las de su residencia real para cobrar así más dietas.

La Eurocámara no controla dónde están domiciliados. Hasta hace poco bastaba con una mera declaración del diputado para que se le abonase la indemnización de viaje. Desde finales de 1997 se les exige, sin embargo, un billete de tren o una tarjeta de embarque, pero no se comprueba lo que realmente ha pagado para reembolsarle la cantidad exacta.

Las dietas de estancia en Bruselas o Estrasburgo daban también lugar, hasta febrero, a todo tipo de abusos. Bastaba con firmar en un registro, en cualquier momento de la semana del pleno, para cobrar 38.800 pesetas diarias. Pero si no lo hacía, el eurodiputado podía percibirlas aportando otros justificantes, como facturas de hotel, que, según el informe, "sólo demuestran su paso por las ciudades dónde tienen lugar las reuniones".

La peor lacra son, sin embargo, las dietas de secretariado: las que más han crecido estos últimos años, y que permiten a cada eurodiputado contratar hasta dos asistentes remunerados por la Eurocámara. A pesar de que está prohibido, muchos de estos asistentes trabajan además para un grupo parlamentario y cobran por dos conceptos.El parlamentario está, en teoría, obligado a firmar un contrato con su asistente, pero no se le exige presentarlo a la Cámara y ésta tampoco efectúa control alguno para averiguar, por ejemplo, si respeta la legislación fiscal o social. El reglamento, afirma el tribunal, "no ofrece a la autoridad presupuestaria ninguna garantía razonable contra el riesgo de una utilización inadecuada de las dietas de secretariado". El documento no lo dice, pero es frecuente, sobre todo entre diputados de centro-derecha mediterráneos, que los asistentes sean familiares del parlamentario. Hace tiempo que Gil-Robles se había adentrado ya por esa vía. Impulsó con éxito en febrero el establecimiento de un nexo entre el pago de la dieta de estancia y la participación de los diputados en las votaciones nominales, algo que no existe en el Parlamento español. Gil-Robles ha vueleto a la carga. Pide ahora por carta a toda la Cámara que se dé prisa en aprobar un estatuto del diputado que acabe con las "diferencias sustanciales en el grado de protección jurídica, en las condiciones de trabajo y en las remuneraciones percibidas".