Tablas en el aceite

La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, ha logrado, en las negociaciones de la UE sobre el aceite de oliva, un acuerdo decente, pero sobre el que no puede fabricar ningún discurso triunfalista. La obsesión con la cuota de producción ha ocultado otros aspectos al menos tan importantes. Con independencia del nivel de producción, la UE se gastará muy poco dinero más para apoyar a un sector estratégico para la agricultura mediterránea. España, recibirá168.000 millones de pesetas anuales de la UE, muy poco más de lo que ya recibía, aunque es una cantidad equiparable al Fondo de Cohesión. No deja de resultar chocante que, después de un acuerdo alcanzado después de un maratón negociador que se ha prolongado durante cuatro madrugadas, la ministra haya afirmado que "se garantiza el porvenir del olivar español". Faltaría más que no se hubiera conseguido al menos eso.La cuota de producción alcanzada por España es razonable: 760.027 toneladas. Menos que la última cosecha, que superó el millón, pero más del doble de la producción en años de sequía. Con un 42,7% del total de la cuota comunitaria, el problema es, sin embargo, que España se verá penalizada respecto a Italia en lo que reciba de la UE por kilo de aceite producido, aunque esta situación podría llegar a cambiar en función de las cosechas. De momento, con esta ventaja para los productores italianos, se ha quebrado el principio de la solidaridad comunitaria.

En términos generales, con la importante excepción de los pequeños productores -que ven suprimida su ayuda-, el sector no queda en peor situación que antes. Tampoco estamos ante un sistema de cuotas de producción, como en el caso de la leche, que acarrea multas si se sobrepasan los volúmenes adjudicados a cada país. En el caso del aceite de oliva, si así ocurre, el mismo dinero se repartirá entre más, pero no hay sanciones.

Por otra parte, la UE le pasa a cada Estado la patata caliente de la aceituna de mesa, cuyas ayudas comunitarias autoriza siempre que se detraigan de las cantidades asignadas para cada país al olivar. El conflicto interno está garantizado. Entre las carencias del acuerdo cabe apuntar también la no inclusión del precio de intervención, la desaparición de la ayuda al consumo o el fracaso en la prohibición de las mezclas de aceite, lo que hubiera beneficiado la calidad y el principio de la denominación de origen, sobre los que reposa el futuro comercial del sector español.

Probablemente, de no haber dado tantos quiebros en su política negociadora en los últimos dos años, la ministra hubiera conseguido mejores condiciones para el olivar español. El Gobierno ha cambiado demasiado a menudo de estrategia de negociación en los últimos dos años: alargándola para integrarla en el conjunto de las decisiones sobre la llamada Agenda 2000, para luego acelerarla; encabezando la ministra manifestaciones y enfrentándose a la Comisión Europea para después convertirla en su aliado; no entendiéndose con los principales productores de aceite de oliva en la UE; amagando y luego rehusando el recurso al Tribunal de Cuentas de la UE para poner de relieve los fraudes en otras tierras. En esta negociación, el Gobierno ha conseguido menos de lo que prometía, aunque más que las posiciones de partida del comisario Fischler.

El acuerdo sobre el nuevo régimen para el aceite de oliva es de duración limitada, tres años, un tiempo suficiente para investigar la realidad de las cifras en el sector, que la Comisión Europea dice desconocer. En buena parte, han sido los fraudes italianos los que ha acabado pagando España con una cuota menor de la que hubiera obtenido en una situación regular. En especial, son todos los pequeños productores los más afectados, pues en la Comisión son ellos los principales defraudadores. Entretanto, queda paralizada la plantación de nuevos olivos en España o Italia. Con esta partida sobre el aceite de oliva que concluyó ayer prácticamente en tablas en Bruselas -junto con otros acuerdos positivos sobre el plátano o el tabaco-, España ha ganado un respiro. En dos años o menos volverá a desatarse la guerra de propuestas para una organización común de mercado (OCM). Entonces habrá que estar mejor preparados.