Pérez Escolar niega evidencias sobre su colaboración con la 'Operación Carburos'

"Yo sólo intervine en la operación de Carburos Metálicos para defender el valor de 10.230 pesetas por título en el contrato", declaró ayer el ex consejero Rafael Pérez Escolar, acusado con Mario Conde, Arturo Romaní y Jacques Hachuel por presunta apropiación indebida de l8,6 millones de francos suizos pagados por Air Products en 1990. Negó sin argumentos la nutrida cantidad de faxes y cartas que se le remitieron en 1989 y 1990.

Rafael Pérez Escolar mantuvo un tono bronco en sus respuestas al letrado de Banesto, José Antonio Jiménez, quien le hizo ver la copiosa correspondencia de faxes, cartas y documentos en los que el citado ex consejero y más tarde presidente de Carburos Metálicos es consultado por todas las partes (el financiero Jacques Hachuel, la multinacional Air Products y diversos departamentos del propio Banesto) durante 1989 y 1990, años en que nació, se desarrolló y consumó la llamada Operación Carburos Metálicos, calificada por las acusaciones como una presunta apropiación indebida de 1.344 millones de pesetas.Pérez Escolar dijo que solo había participado en esta historia porque Mario Conde le había "encomendado" defender el valor de Carburos Metálicos. Por ello, explicó, participó en reuniones sólo con ése objetivo. "En las reuniones se hablaba inglés, un idioma que no conozco. Yo solo intervine para defender el valor de la acción de Carburos", explicó una y otra vez.

El letrado de Banesto le hizo ver que al recomprar en 1990 a la sociedad Euris, relacionada con Jacques Hachuel, los warrants (un derecho u opción a convertir en acciones) por el 18% del capital de Carburos Metálicos, emitidos por Banesto en agosto de 1989, fue la sociedad de cartera Cartisa quien pagó los 3.244 millones de pesetas a la citada Euris.

En aquellos momentos, Pérez Escolar era presidente de Cartisa. Sin embargo, el acusado dijo que no tenía poderes para ordenar pagos y que, por tanto, no sabía nada de esa recompra. El letrado le preguntó si conocía a José Luis Fernández Company, quien firma por Cartisa con el grupo Euris. El acusado dijo que había sido el director general de Cartisa, pero que tampoco tenía poderes para hacer la operación.

Fue entonces cuando el letrado habló de un fax que le fue enviado por Euris al entonces director general de la Corporación, Andoni Eizmendi, y éste a su vez dirigió a Fernández Company. En la nota, Eizmendi dice a Fernández Company que hay que realizar un pago en una cuenta bancaria.

"De acuerdo con lo que he hablado con el señor Romani, el señor Pérez Escolar y el señor Hachuel puedes proceder a hacer la transferencia de inmediato", dice Eizmendi en una nota firmada al pie. Habida cuenta que Pérez Escolar ha llamado al caso Banesto el caso de los documentos en blanco, el letrado sugirió que se exhibiera el documento. Pérez Escolar no tuvo interés. Dijo que el no tenía que reconocer una firma que no era suya. El presidente Siro García, ya en tono de chanza, dijo que, en efecto, la sala de juicio no era un foro para la confirmación holográfica.

El enfrentamiento con el letrado iría in crescendo . Cuando le preguntó por su conocimiento de ciertos abogados en Suiza, Peter Widmer y Peter Schwarz, Pérez Escolar se remitió a lo que ya había declarado. El letrado indagó por una sociedad de Liechtenstein llamada Heisenberger.

Pérez Escolar le acusó de embrollar con temas que no venían al caso, habló de su hijo y acusó al letrado de tener una finca en Somosaguas con dinero obtenido en la defensa de narcotraficantes. El letrado dijo que estos ataques eran inadmisibles en la profesión.

No fueron las acusaciones las únicas que hablaron de faxes y cartas. Juan Sánchez-Calero, abogado de Mario Conde, precisamente recordó que había aportado varios documentos. Entre ellos se incluyen faxes, notas y documentos dirigidos a Pérez Escolar. Quizá movido por la irritación de Conde ante la declaración de Pérez Escolar, el letrado preguntó si no era verdad que ya al lanzar la emisión de warrants en 1989, el consejo de Banesto había fijado el precio de 10.230 pesetas para la ejecución de los derechos.

Pérez Escolar dijo que podía ser así e insistió en que él había defendido ese valor todo el tiempo. El letrado, en polémica con las acusaciones, dijo que se presentaba la operación de los warrants como un intento de "inquietar " al socio Air Products en Carburos Metálicos y preguntó si era, en efecto, así. Pérez Escolar le dijo que no, que de ninguna manera.

A continuación, casi sin darse cuenta, dijo que Air Products "estaba aterrada" por la emisión. "Podía entrar cualquier competidor ya que ellos tenían el 24% de Carburos Metálicos y así podían perder el control", dijo Pérez Escolar. El letrado le preguntó si ese candidato, por ejemplo, no era la sociedad francesa Air Liquid. El acusado dijo que se había hablado de ello en la prensa.

Al llegar el turno del letrado Luis Muñiz, de AGF-Unión Fénix, tuvo lugar un nuevo enfrentamiento. Pérez Escolar dijo que en lugar de acusarle debería defenderle, ya que él como el resto de los ex consejeros de Banesto habían firmado una póliza de hasta 10.000 millones de pesetas con la Unión y el Fénix para cubrir responsabilidades. El letrado dijo que, en efecto, no le defendería ya que estaba en el procedimiento para defender a la aseguradora.

Al iniciar su interrogatorio, Pérez Escolar interrumpió y dijo al presidente: "Voy a hacer uso de mi derecho constitucional a no declarar. He hecho un esfuerzo hasta ahora para contestar a todos, pero ahora no contestaré". El letrado pidió que se le exhibieran al acusado cada uno de los documentos y formuló las preguntas para que constaran en acta.

Cerró el letrado Jesús Castrillo, defensor de Escolar. Preguntó por qué razón se le acusaba. Escolar explicó que Air Products y Banesto están conchabados.