La Diputación vizcaína aprueba el Plan Especial de la incineradora Zabalgarbi con las críticas del PSE

El proyecto de la incineradora de basuras de Vizcaya promovida por la empresa Zabalgarbi superó ayer su principal obstáculo. La Diputación aprobó el plan de urbanización del vertedero bilbaíno de Artigas, donde se ubicará la planta, aunque tras un tenso debate en su seno. El diputado de Urbanismo, Josu Montalbán (PSE), partidario de aplazar la aprobación, censuró la inhibición del Ayuntamiento de Bilbao, que en un principio iba a ratificar el plan. La construcción de la planta queda pendiente sólo de la licencia municipal de obras y la declaración de impacto ambiental.

El llamado Plan Especial de Artigas, un documento urbanístico que detalla las obras proyectaddas para la zona, ha estado prácticamente paralizado casi un año. Zabalgarbi, la sociedad promotora de la incineradora, lo presentó en el otoño de 1997 en el Ayuntamiento al decidirse la ubicación de la planta en sus terrenos. Con el anterior equipo de gobierno (PNV-PP) se iniciaron los trámites para aprobarlo, pero el cambio de socios modificó las previsiones: el pacto de gobierno PNV-PSE-IU establecía el compromiso de no promover la incineración como sistema para tratar la basura doméstica. El problema se solventó recurriendo a una ley de los 70, el Reglamento de Planeamiento,que posibilita la aprobación de planes de este tipo por instancias supramunicipales. Zabalgarbi retiró su petición del Ayuntamiento y la elevó a la Diputación de Vizcaya. El proyecto de urbanización fue presentado ayer en la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Diputación, donde gobiernan PNV y PSE, a iniciativa del departamento de Medio Ambiente, en manos de los nacionalistas. Según las fuentes consultadas, el socialista Josu Montalbán, diputado foral de Urbanismo, pidió más aclaraciones y una documentación más completa antes de proceder a su aprobación. Montalbán defendió en el Consejo de Gobierno el aplazamiento de la aprobación del plan especial, censuró la rapidez con la que se quería despachar y defendió que lo "lógico" es que este trámite hubiera sido realizado por el Ayuntamiento de Bilbao. Al término de la reunión, el diputado socialista afirmó a este diario que el Consistorio bilbaíno "tenía que haber apechugado con esto. Cada institución debe asumir sus responsabilidades", insistió. La construcción de la polémica incineradora tiene ahora el camino despejado. La concesión de las licencias de actividad y de obras, potestad del Ayuntamiento, son actos reglados a los que el Consistorio no puede oponerse si el proyecto cumple las condiciones exigidas. Quedaría la declaración de impacto ambiental por parte del Gobierno vasco, una vez que se presente el estudio encargado a una consultora inglesa, que se encuentra ultimado. Lo que no se cumplirá es la previsión de iniciar las obras en antes del verano de 1998, que se retrasa a principios de 1999. La incineradora ocupará 7,5 hectáreas en Artigas, según el Plan Especial aprobado, que estará sometido durante un mes a información pública.