Los amigos o parientes que convivan en una vivienda tendrán derechos en caso de ruptura

La regulación de las parejas de hecho heterosexuales y homosexuales se aprobará la semana próxima. El Departamento de Justicia presentó ayer un proyecto de ley adicional, sobre "situaciones convivenciales de ayuda mutua" y "acogida de personas mayores" que regulará todos los hogares constituidos al margen de la pareja: desde los familiares (hermanos, abuelo y nieto, etcétera) a los amistosos, pasando por aquellos en que una o varias personas mayores conviven con jóvenes para ayudarse mutuamente. Justicia calcula que esa ley puede afectar a 76.000 hogares.

La consejera de Justicia, Núria de Gispert, dio a conocer ayer las líneas básicas del proyecto de ley aprobado horas antes por el Consell Executiu de la Generalitat. El texto, que fue desgajado del Código de Familia a instancias de la oposición, está justificado, según De Gispert, por el envejecimiento de la población y la "aparición progresiva de formas de convivencia distintas a la pareja y a la familia nuclear". El Departamento de Justicia calcula, con el censo en la mano, que en Cataluña hay unos 76.000 hogares donde conviven familias no nucleares o personas unidas por amistad o por simple necesidad. El proyecto no es intervencionista, dijo De Gispert, sino protector de los más débiles dentro de esos "grupos convivenciales" cada vez más numerosos, y está inspirado en la "libertad de pacto propia del derecho civil catalán". En la convivencia de ayuda mutua, que puede darse entre personas vinculadas familiarmente (hermanos, tíos y sobrinos, abuelos y nietos), por amistad o por necesidad, se acreditará la situación mediante un documento de fecha indudable o cuando hayan transcurrido dos años de residencia en la misma vivienda. En caso de ruptura de esa convivencia, y si no existe un acuerdo entre las partes, quien no sea titular de la vivienda dispondrá de seis meses para abandonarla. El plazo se ampliará a un año cuando la ruptura sea causada por una defunción. Quien haya trabajado para otro de los miembros del grupo tendrá derecho a compensaciones económicas. Si la ruptura se produce por defunción de uno de los miembros, el otro (o los otros) tendrá derecho a reclamar judicialmente una pensión alimenticia por un plazo máximo de tres años, si era mantenido por el difunto. El proyecto de ley recoge otra situación específica que afecta a las personas de más edad, la que se da cuando una o más personas mayores se vinculan a una o más personas jóvenes, "en condiciones similares a las relaciones entre ascendientes y descendientes". Para que esos grupos puedan acogerse a la ley, deberán formalizar su relación mediante una escritura pública. La relación se extinguirá por mutuo acuerdo o a petición de una de las partes con un preaviso de seis meses. Alternativa al geriátrico "Esta relación de acogida de personas mayores ya estaba recogida en el viejo derecho catalán de hace 700 años", explicó la consejera de Justicia, "y tiene como finalidad evitar el ingreso del anciano o ancianos en una institución geriátrica". De acuerdo con el proyecto de ley, si el acogido (la persona o personas ancianas) es propietario de la vivienda y fallece, los acogedores tendrán derecho a utilizar la casa y todos sus enseres durante un año. Si el fallecido era titular del arrendamiento, podrán subrogarse hasta la finalización del contrato, pero nunca por más de cinco años. Acogidos y acogedores podrán reclamar compensaciones económicas si se produce un "enriquecimiento injusto" o exigir la devolución de las donaciones que hubieran otorgado durante la convivencia. Los acogedores tendrán derecho a reclamar hasta una cuarta parte de la herencia del acogido o la totalidad de la misma si no existen herederos. Núria de Gispert aprovechó su comparecencia ante la prensa para anunciar una aceleración en el plan de informatización de la Administración de Justicia en Cataluña. La informatización total, prevista inicialmente para el año 2001, estará lista antes de que termine 1999. Eso supondrá una inversión total de 4.540 millones de pesetas en ordenadores, formación, mantenimiento y comunicaciones, y permitirá dotar de medios informáticos a 109 jueces, 410 magistrados, 421 secretarios judiciales y 4.700 funcionarios. "Además de una mayor agilidad de la justicia, la informatización permitirá alcanzar una plena normalización lingüística, ya que todos los documentos podrán ser realizados en catalán y castellano", declaró la consejera de Justicia.