Hassan II autoriza al socialista Yussufi a purgar el aparato estatal marroquí

Un informe confidencial marroquí titulado De la subversión contra el poder a la subversión contra el Gobierno, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se interroga sobre la existencia de «un intento en curso de derribar al Gobierno de (el primer ministro) Abderramán Yussufi (socialista)», cuyos protagonistas se encuentran en la alta Administración del Estado y en los servicios de seguridad. El documento fue publicado el 14 de junio por el periódico Rissalat El Umma, portavoz de la Unión Constitucional, partido que gobernó en Marruecos durante 15 años y actualmente en la oposición. La edición del diario fue íntegramente secuestrada por la policía.Ante la gravedad de la situación, Yussufi informó al rey de la crisis. Hassan II ha reiterado su confianza al primer ministro, al tiempo que le ha pedido calma. Al plácet del rey no es ajeno «el apoyo entusiasta» de que goza Yussufi por parte del príncipe heredero, Sidi Mohamed. Hassan II ha dado su visto bueno para la reunión propuesta por Yussufi con los walis (prefectos) y gobernadores, que sería la primera que un primer ministro celebra con los altos jefes locales de la Administración.

En círculos socialistas se estima que Yussufi puede decidir la jubilación de una parte de los mismos y enviar a vía muerta al resto, así como proponer al rey el nombramiento de nuevos cargos, procedentes de la sociedad civil y con funciones similares a las de los delegados del Gobierno de las comunidades autónomas en España. Éste sería el primer paso de una purga en el aparato de la Administración destinada a terminar con la corrupción.

Fuerzas no democráticas

«La naturaleza del sistema constitucional marroquí permite a la Administración disponer de un conjunto de fuerzas que no existen en otros sistemas democráticos», estima el documento publicado por Rissalat El Umma. Se refiere al Ministerio del Interior y a otras dependencias de la Administración a cuyo frente se sitúan cargos nombrados por decreto real y que escapan al control gubernamental.La existencia de dicha conspiración, confirmada por fuentes cercanas al primer ministro Yussufi, se explica por los enormes intereses en juego. La Administración acrecentó su poder a la sombra de las medidas tomadas por el rey tras los dos fallidos intentos militares de derribar a la monarquía en los años setenta. El Ministerio del Interior asumió entonces la tarea de dirigir los asuntos generales del Estado, dar estabilidad al país y reforzar su seguridad. Lo que permitió a los altos funcionarios del Majzen (herederos del aparato del poder de los sultanes) «amasar fortunas colosales a espaldas del pueblo, en colusión con los especuladores nacionales y extranjeros». La intención del primer ministro Yussufi de «pedir cuentas» sobre el origen de las fortunas y de sanear el aparato administrativo del Estado ha precipitado la puesta en marcha de dicho «plan de desestabilización».