El PSOE acepta el reto de UGT de hacer un frente común contra la política industrial del PP

El PSOE aceptó ayer la proposición del sindicato UGT de hacer un frente común contra las políticas industriales y económicas llevadas a cabo por el Gobierno central. El compromiso se materializó en el Parlamento autonómico. El primer objetivo a compartir será oponerse a las privatizaciones, que afectarían a más de 8.000 trabajadores andaluces. Los socialistas se encargarán de "presionar" políticamente, mientras que los sindicatos apuestan por la movilización. El portavoz del grupo parlamentario socialista, José Caballos, calificó ayer al ministro de Industria Josep Piqué, tras la reunión entre el partido y el sindicato, como "el enemigo publico número uno" de la industria andaluza.

Los socialistas dijeron sí. Una veintena de dirigentes ugetistas se entrevistaron ayer con José Caballos y el titular de Trabajo e Industria, Guillermo Gutiérrez. Los responsables sindicales, representantes de las federaciones del metal de UGT, expresaron su temor a la privatización que se cierne sobre las empresas más emblemáticas de la región; Astilleros, Construcciones Aeronáuticas, Santa Barbara Blindados y Bazán. Todas ellas emplean actualmente a unos 8.000 trabajadores. Para el secretario general de UGT regional, Manuel Pastrana, esta organización "no está en disposición de contemplar, sin confrontación" las privatizaciones anunciadas por el titular de Industria, Josep Piqué. Con la intención de exigir una atención especifica al sector industrial andaluz, UGT desveló ayer sus intenciones de "combatir" una operación de venta del sector público considerada por Pastrana como una "barbaridad". Perspectivas sombrías Las tesis ugetistas fueron respaldadas por el portavoz del grupo parlamentario del PSOE y senador José Caballos. Éste advirtió que las perspectivas del sector industrial son "sombrías", en una comunidad en donde el tejido industrial es "mucho más débil" que en otras comunidades españolas. Pero las anunciadas privatizaciones fueron consideradas por Caballos como la consecuencia de una política "diseñada" por el Gobierno del PP. "Al frente" de la misma estaría "un therminator y ultraliberal que no se avergüenza ni disimula" en su intención de dejar en manos privadas al sector público, por lo que fue considerado por el responsable socialista como el "enemigo número uno de la industria y la economía" andaluza. Los socialistas lamentaron que el ministro de Trabajo, Javier Arenas, no actúe en defensa de los enclaves estratégicos industriales de la comunidad y no haya demostrado su oposición a Piqué. Una actuación que "sí hizo el general Cascos" en relación a la minería asturiana y mostró "su peso político dentro del Gobierno. Algo que no ocurre con el señor Arenas", añadió Caballos. El portavoz socialista consideró al ministro de Trabajo Javier Arenas como la "cara social" del ejecutivo central, "a imagen y semejanza de lo que era Solís Ruiz, en el franquismo". El papel de los socialistas estará en la retaguardia. No saldrán a las movilizaciones y limitaran su actuación a la presión política, con iniciativas en el Senado, el Congreso de los Diputados y con la presentación de mociones en los ayuntamientos donde se encuentran estas factorías, en un intento de que "estos planes no se lleven adelante", subrayó Caballos. Por otro lado, el consejero de Trabajo e Industria Guillermo Gutiérrez advirtió que las consecuencias de la operaciones privatizadoras de los populares afectaran a las políticas futuras de la Junta y se "verá condicionada" por el desmantelamiento de las grandes empresas ubicadas en la región. La organización sindical anunció haber dado "el pistoletazo de salida" en su oposición al ejecutivo central con su acercamiento al PSOE. Sin embargo, UGT pretende ampliar su alianza al resto de partidos políticos, incluyendo al PP andaluz. El coordinador del metal, Ricardo Jiménez, confesó haber solicitado hace dos semanas un encuentro con el secretario general de los populares, Juan Ojeda que de momento "no nos ha contestado", añadió Jiménez.