¿Quién pagará el guiño de la derecha?

La reforma del IRPF es un proyecto que define a la derecha en su condición más insolidaria. Dicha reforma es vendida por sus promotores como una rebaja de las cargas impositivas, cuando en realidad el hecho es mucho más complejo: los ciudadanos más privilegiados deberán pagar menos a aquellos otros económicamente más débiles. Si bien es cierto que son los ciudadanos menos pudientes quienes disfrutarán de una mayor rebaja porcentual, esos cuarenta mil millones de pesetas menos que recaudarán nuestras tres haciendas forales se perdonarán, en su mayor parte, a los mejor situados económicamente. Mientras tanto se mantiene el tratamiento favorable de determinadas rentas no salariales o, lo que es lo mismo, el trato fiscal discriminatorio de las rentas del trabajo. Y ello a pesar de que un reciente estudio de ELA volvía a poner de manifiesto que durante 1997 de cada cien pesetas recaudadas, ochenta procedían de las nóminas de los trabajadores y solo diez lo fueron de las actividades empresariales y profesionales. Los datos del sindicato vasco demuestran hacia dónde caminamos: la presión sobre las rentas del trabajo ha crecido más de 46.000 millones en cuatro años, mientras que la presión fiscal global por impuestos concertados ha descendido 30.000 millones de pesetas. Pero estas denuncias de los representantes de los trabajadores y de organizaciones como Izquierda Unida-Ezker Batua son respondidas por la derecha -el PP en el Estado y el Gobierno tripartito que lidera el PNV en Euskadi- con más de lo mismo. Si ahora, y por ley, vamos a recaudar cuarenta mil millones de pesetas menos al año, ¿cómo va a equilibrarse la situación? Hay solo dos formas posibles: o bien se suben los impuestos indirectos, con la carga de insolidaridad que ello supone, o bien se recortan los gastos sociales, es decir, la atención a los colectivos tradicionalmente más discriminados de nuestra sociedad, que es lo que terminará por ocurrir. La menor presión fiscal no es un guiño de la derecha, sino un auténtico mal de ojo dirigido contra las clases trabajadoras, contra aquellos cuyo único sustento es una nómina, y qué decir de los desempleados, que también seguirán tributando de su propia necesidad. Ya no se trata solamente de cargarse el incipiente y tímido Estado del Bienestar, sino de minar incluso la base de toda civilización, es decir, el pago solidario de impuestos que luego financien nuestras carreteras, los hospitales, las escuelas de nuestro hijos. Porque los impuestos son para eso, para que repercutan en bien de la comunidad, y no únicamente para financiar los gastos corrientes de funcionamiento del sistema, entre ellos, los parcos sueldos de los funcionarios públicos y las abultadas nóminas de los cargos políticos. Esta menor presión fiscal la acabarán pagando las pensiones, la atención a ancianos, las ayudas para la compra de vivienda, los planes de integración de los colectivos social y económicamente más débiles. Nunca unas rebajas nos saldrán tan caras, sobre todo cuando lleguen los tiempos en que las bonanzas de la macroeconomía dejen de reflejar curvas ascendentes en el señuelo neoliberal. Coincidiendo con la presentación del nuevo IRPF vasco -el mismo que emula la reforma del resto del Estado, solo que con la particularidad de la derecha casera-, resulta que Cáritas no tiene mejor idea que hacer público un informe que nos ofrece la otra cara de la moneda. Un informe que denuncia que ocho millones y medio de ciudadanos de todo el Estado viven con menos de 44.000 pesetas al mes, es decir, que son pobres, como se decía antes. Y el mismo informe nos echa en cara que el 40% de esos pobres tienen menos de veinticinco años. El presidente de Cáritas aprovechó la ocasión para decirnos que esta pobreza podría erradicarse con 700.000 millones de pesetas. Los vascos, lejos de dedicarle nada, vamos a agravar el problema con cuarenta mil millones anuales que recaudaremos de menos en lugar de hacerlo de más y de quien más. Por ejemplo, luchando contra el fraude fiscal que pueden realizar aquellos cuyos dividendos no quedan reflejados en una nómina. Próximos informes sindicales nos dirán que las rentas del trabajo son las únicas que contribuyen al erario público, y próximos estudios de organizaciones sociales nos hablarán de que los pobres han superado la barrera de los diez millones. Quien quiera permanecer impasible ante ello podrá hacerlo, pero no es el caso de quienes yo represento.

Jon Lasa Laboa es portavoz de Izquierda Unida-Ezker Batua en las Juntas Generales de Guipúzcoa.