El Tribunal de Cuentas abre diligencias por las irregularidades del Madrid 92

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha iniciado las diligencias para resolver sobre la pieza separada abierta tras descubrir presuntas irregularidades contables en la gestión del Consorcio Cultural que organizó los actos del Madrid Cultural del 92. El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, presidió este Consorcio acompañado en sendas vicepresidencias por Joaquín Leguina, entonces presidente regional, y Jordi Solé Tura, en aquella fecha ministro de Cultura del Gobierno central socialista. La gestión de dicho organismo fue encargada a Pablo López de Osaba, que fue nombrado director general, y a los principales funcionarios del Ayuntamiento de Madrid: Mario Corella, entonces secretario general, y Vicente Arnau, interventor municipal. Arnau compareció hace algunos días en el Tribunal de Cuentas para someterse a las preguntas de un consejero, un fiscal y un abogado del Estado, sobre su gestión en el Consorcio Cultural.En este organismo, que gastó en un año 7.138 millones de pesetas, Arnau desempeñó las funciones de inverventor, que simultaneó con su trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, en el que continúa. Por esa tarea, Arnau cobró un sobresueldo al margen de su nómina en el Ayuntamiento, algo que el Tribunal considera ilegal. El alcalde justificó esta subcontratación como un ahorro. Según Álvarez del Manzano, otro interventor habría cobrado un sueldo completo, mientras que Arnau, por tener nómina en el Ayuntamiento, sólo percibió una parte.

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Declaración

Los auditores públicos consideran que en el Madrid 92 se malgastaron 120 millones

El Tribunal de Cuentas cree que se malgastaron 120 millones de pesetas durante la celebración de los actos de la capitalidad europea de la cultura. El informe destaca cuatro apartados en los que existen indicios de irregularidades que dieron lugar a responsabilidad contable:- En el pago de retribuciones al director general se aprobaron importes superiores a los aprobados por la Junta de Gobierno; gratificaciones superiores a las decididas por los responsables del Consorcio; pagos injustificados de indemnizaciones durante cuatro años y alquiler de la vivienda para el director general sin autorización de la Junta de Gobierno.

- Pagos, supuestamente ilegales, a funcionarios en servicio activo en el Ayuntamiento de Madrid, como el interventor, Vicente Arnau. - Abonos de atrasos a trabajadores del Consorcio correspondientes a periodos anteriores a la firma del contrato laboral de estos empleados; horas extraordinarias no autorizadas que sobrepasan el límite anual fijado en el Estatuto de los Trabajadores, y gratificaciones extraordinarias no aprobadas por nadie.

- Pagos a Amnistía Internacional y Music Managers de gastos preliminares (20 millones de pesetas) por un concierto que no llegó a celebrarse, sin que conste factura o documento que justifique los mismos.

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