Los socios del Gobierno enmendarán el proyecto de ley de los funcionarios para darle la vuelta

El Estatuto de la Función Pública, uno de los proyectos más estimados por el Gobierno, va a tener una tramitación muy difícil. Dos de los socios del Gobierno, PNV y Coalición Canaria, han anunciado enmiendas a la totalidad, al igual que Izquierda Unida (IU), y el tercer apoyo del Ejecutivo, CiU, prepara numerosas enmiendas al articulado. El PSOE no se pronuncia aún, aunque ha expresado igualmente su rechazo a muchos extremos del mismo. Tras el dictamen crítico del Consejo de Estado, el Gobierno quiere remitir el proyecto modificado al Congreso en quince días.

La enmienda a la totalidad anunciada por el PNV a este proyecto estrella del Gobierno, que afecta a dos millones de funcionarios, coloca a este partido fuera de la colaboración parlamentaria del Gobierno si, además, se tiene en cuenta que ha anunciado su oposición a otro importante proyecto del Ejecutivo para la segunda parte de la legislatura, la reforma del IRPF. El Ejecutivo de José María Aznar ha dedicado dos años a preparar el Estatuto de la Función Pública, con el que pretende cubrir un vacío constitucional.El proyecto intenta regular la carrera profesional de los funcionarios a través de un sistema de categorías, cambia los sistemas de selección e introduce la novedad de reconocer la negociación colectiva en la Administración, lo que le ha acarreado el aval de los sindicatos, después de arduas negociaciones. Como tal Ley de Bases, el Gobierno pretende extender sus criterios a todas las Administraciones, incluidas las autonómicas, aunque con flexibilidad. Precisamente, el dictamen del Consejo de Estado, dado a conocer por EL PAÍS el pasado martes, cree que esa flexibilidad es excesiva.

La actitud del Partido Nacionalista Vasco de rechazo a la totalidad del proyecto confirma, en el terreno político, la posición anunciada por el presidente de esta formación, Xabier Arzalluz, tras su última reunión con el presidente del Gobierno, José María Aznar, hace ya cuatro meses. Arzalluz dijo que se había acabado la etapa de apoyos parlamentarios incondicionales del PNV al Ejecutivo del PP ante el bloqueo autonómico impuesto por Aznar. "Votaremos cada ley en función de nuestros intereses exclusivos", dijo Arzalluz. Así ha sido.

Margarita Uría, portavoz del PNV en la Comisión de Administraciones Públicas, argumentó ayer la enmienda a la totalidad en la invasión de competencias que el Estatuto de Bases de la Función Pública supone en las que el Estatuto de Gernika otorga al Gobierno vasco. "El proyecto del Gobierno central reglamenta decisiones sobre la función pública que corresponden al Ejecutivo vasco, según el Estatuto de Gernika. El Gobierno central sólo debe ocuparse de regular la función pública en la Administración que le corresponde, la central". Una posición similar mantiene Coalición Canaria, que también ha anunciado una enmienda a la totalidad.

CiU no se apunta a esta medida, que obligaría al Gobierno a retirar su proyecto de ley. No obstante, Carme Laura Gil, portavoz de CiU en la Comisión de Administraciones Públicas, ha anunciado numerosas enmiendas al proyecto, al que define como "muy reglamentista". "Nuestras enmiendas irán en la dirección de asegurar espacios en la reglamentación de la función pública por parte de la Generalitat", anunció la portavoz de CiU, a la que preocupa el dictamen del Consejo de Estado porque "insiste en reducir atribuciones a las comunidades autónomas".

Izquierda Unida (IU) también se opone a la totalidad del proyecto del Gobierno, pero por razones distintas a las de los partidos nacionalistas. Pedro Antonio Ríos, portavoz de IU, argumenta sus críticas en la "excesiva discrecionalidad" que se reserva el Gobierno en la elección de puestos directivos, en los sistemas de selección y en la regulación de la carrera profesional. "Atenta contra la igualdad de oportunidades y marcha en la dirección de politizar la Administración. Consagra aquello que el PP en la oposición criticó al Gobierno del PSOE, los nombramientos a dedo de miles de directivos", señala Ríos. No obstante, admite un aspecto positivo, como es el reconocimiento de la negociación colectiva dentro de la Administración, que le ha dado el aval de los sindicatos.

Los socialistas son igualmente muy críticos con el proyecto del Gobierno, aunque aún no han adoptado una posición ante la tramitación parlamentaria. Su portavoz, José Luis Rodríguez Zapatero, ha manifestado que "lo más grave del proyecto es la tendencia clara a la desprofesionalización y, por tanto, la politización de la Administración. El Gobierno tendrá que modificar sustancialmente su proyecto si quiere tener una tramitación pacífica".

El Gobierno ha anunciado que introducirá muchas de las modificaciones sugeridas por el dictamen del Consejo de Estado. Éste pedía más garantías para la seguridad jurídica de los funcionarios y una mayor regulación para las autonomías. El Gobierno ya ha adelantado que no atenderá este último aspecto, dados sus compromisos con las autonomías y el rechazo manifiesto de las gobernadas por nacionalistas.

El Gobierno calcula que en quince días llegará el proyecto, con las modificaciones, al Consejo de Ministros para su aprobación y envío a las Cortes.