El presidente del Tribunal de Cuentas ve "injustificada" la venta de la funeraria

VIENE DE LA PÁGINA 1Uno de los puntos más controvertidos de la venta del 49% de la funeraria municipal radica en la deuda de 2.275 millones que mantenía la Empresa Mixta de Servicios Funerarios con el municipio por impago de sueldos. La oposición acusó ayer al equipo de Álvarez del Manzano de perdonar ese dinero cuando Funespaña se hizo con su parte, y pidió al presidente del Tribunal de Cuentas que explicara cuánto había perdido el Ayuntamiento por eso.

Nieto se limitó a decir que el alcalde había remitido una carta al Tribunal de Cuentas en la que se especificaba que esa cantidad "sería exigible por el Ayuntamiento". A esto, Juan Barranco replicó: "Pero ¿se ha exigido o no?". Nieto no respondió a la pregunta porque no era "de su competencia".

El que sí lo hizo ayer fue el concejal de Hacienda, Pedro Bujidos: "El Ayuntamiento nunca ha perdonado la deuda". Bujidos explicó que, cuando se vendió el 49% de la funeraria, "este sector estaba en régimen de monopolio en Madrid". "Y los 2.275 millones pasaron a la reserva de la empresa. Esto quiere decir que están ahí, pero que no pueden disponer de ellos, que no les pertenecen. En un principio, estaba previsto que la funeraria pasara enteramente a manos municipales en el 2015. Y, según se acordó en 1992, esa deuda sería saldada entonces de la siguiente manera: Funespaña se llevaría el 49% del total del capital descontando, naturalmente, los 2.275 millones". El edil de Hacienda recordó, no obstante, que un decreto de enero de 1997 del Gobierno central "invalidó el estado de monopolio de la funeraria, con lo que las reglas de juego cambiaron". Actualmente, el Ayuntamiento está preparando unos nuevos estatutos que regularán estos cambios. "Y, cuando se aprueben estos estatutos, reclamaremos los 2.275 millones de la deuda". El Tribunal de Cuentas, a pesar de que deja de manifiesto la poca claridad de la adjudicación y lo injustificado de la privatización, no establece que haya "responsabilidades contables", con lo que no se puede concluir que en la venta por parte del Ayuntamiento haya existido perjuicio económico para el municipio.