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El Gobierno cambiará la ley de Función Pública como sugiere el Consejo de Estado

Luis R. Aizpeolea

El Gobierno aceptará el 90% de las sugerencias críticas que el Consejo de Estado ha dirigido al proyecto de Estatuto de la Función Pública, aprobado en febrero por el Consejo de Ministros. Lo aseguró ayer un portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas, quien añadió que los únicos límites a las sugerencias del Consejo serán las que afecten a los compromisos contraídos por el Gobierno con las autonomías y los sindicatos. El ministerio pretende remitir su texto definitivo al Consejo de Ministros en quince días.

El Gobierno recibió el dictamen del Consejo de Estado, con 141 folios de sugerencias críticas hacia su proyecto de Estatuto de la Función Pública, el pasado jueves. El eje de las críticas al proyecto del Ejecutivo, que afecta a dos millones de empleados públicos, se ha centrado en la regulación de la carrera funcionarial, la selección de los funcionarios y la información del Registro de la Administración por lesionar, a juicio del Consejo de Estado, la cohesión entre el modelo del Estado y el autonómico y la seguridad jurídica de los funcionarios.Ayer, un portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), que encabeza Mariano Rajoy, admitió que "el Gobierno va a reelaborar el texto del proyecto recogiendo la práctica totalidad de las observaciones de técnica normativa, en la seguridad de que se va a incrementar la calidad técnico-jurídica del Estatuto de la Función Pública".

En este sentido, el Ejecutivo se compromete a aumentar las garantías jurídicas de los funcionarios que sugiere el dictamen del Consejo de Estado. Así, en el nuevo texto del Gobierno, según el citado portavoz, se regulará mejor la libre designación; se formularán de manera más clara las garantías en el establecimiento del concurso de méritos como procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo y aumentarán las garantías en cuanto a las convocatorias para dicha provisión.

También el Gobierno atenderá al Consejo de Estado en su petición de cautelas para una "necesaria coordinación" en los Registros de Personal de la Administración entre el gobierno y las autonomías. El portavoz del MAP dijo ayer que, en estos campos, "se recogerán cuantas observaciones refuercen el cumplimiento de los principios constitucionales de la Función Pública". Las únicas sugerencias del Consejo de Estado que el Gobierno no atenderá se refieren a las competencias cedidas a las autonomías en la regulación de la carrera profesional como la periodicidad de las evaluaciones o los órganos encargados de su realización. "No pueden recogerse aquellas consideraciones del dictamen que afectan a la esencia del modelo, como las que modifican su flexibilidad y otorgan campos normativos a las comunidades autónomas para que efectúen el desarrollo normativo que en materia de Función Pública les corresponde", dijo el portavoz. Tampoco atenderá ninguna sugerencia que afecte al pacto del Gobierno con los sindicatos.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas evaluó en un 90% las sugerencias del Consejo de Estadoque el Gobierno hará suyas en el texto definitivo.

PSOE y CiU, críticos con el proyecto

Los socialistas y los nacionalistas catalanes manifestaron ayer sus críticas al proyecto de ley de Función Pública elaborado por el Gobierno. El portavoz del PSOE en la Comisión de Administraciones Públicas, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que el dictamen del Consejo de Estado revela las "graves insuficiencias" del texto, al que calificó de "regresivo". "Lo que nos parece más grave es la tendencia clara a la desprofesionalización y, por tanto, la politización de la Administración. El Gobierno tendrá que modificar sustancialmente su proyecto si quiere tener una tramitación parlamentaria pacífica", dijo el portavoz socialista.La portavoz de CiU en la misma comisión, Carmé Laura Gil, reiteró sus críticas al Gobierno, pero también las extendió al dictamen del Consejo de Estado. "Ma parece un dictamen del pasado y muy inmovilista", señaló la portavoz nacionalista catalana.

Los aspectos más relevantes que modificará el Gobierno son:

Registro de Personal de la Administración: El Gobierno introducirá cautelas en aras de una mayor coordinación entre el Estado y las comunidades en materia de información, según sugiere el dictamen del Consejo de Estado.

Regulación de la libre designación: El Gobierno pondrá límites al nombramiento discrecional, ciñéndolo a determinados supuestos con características especiales concretas, tal y como sugiere el dictamen del Consejo de Estado.

Provisión y movilidad de los puestos de trabajo: Se establecerán garantías en los concursos de méritos como procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo. Asimismo, se establecerán con carácter básico mayores garantías en cuanto a la publicidad de la convocatoria para proveer puestos de trabajo y al medio de de determinación de provisión correspondiente en cada caso.

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