Más de 140 países intentan crear un nuevo órgano mundial contra crímenes de guerra

ENVIADO ESPECIALDelegaciones de más de 140 países se reúnen hoy en Roma en la apertura de una Conferencia Diplomática cuyo fin es el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional (TPI) que persiga y juzgue los crímenes de guerra, contra la humanidad y el genocidio, así como violaciones masivas de los derechos humanos, independientemente de donde se produzcan. La conferencia, convocada por Naciones Unidas, intentará llegar a un acuerdo que determine competencias, estructura, funcionamiento y financiación de dicho tribunal.

Como no podía ser de otra forma ante un acuerdo que implica una seria renuncia de soberanía por parte de los Estados, las posturas iniciales son muy diversas y discrepantes. El Tribunal será establecido por medio de un tratado internacional por el que los países firmantes se comprometerán a apoyar, reconocer y acatar las actuaciones y sentencias de la nueva instancia internacional. En principio, los países más dispuestos a dotar de poderes a este Tribunal para garantizar tanto su efectividad en la persecución de crímenes como su poder disuasorio, son las democracias asentadas. Los más reticentes son, por lógica, aquellos Estados en los que son más probables hechos susceptibles de convertirse en competencia de dicho Tribunal. No obstante, en cuestiones como la relación del Tribunal con el Consejo de Seguridad y competencias de la fiscalía, persisten tambien diferencias entre los países occidentales, incluso en el propio seno de la Unión Europea.En lo que todos los participantes, que trabajarán durante cinco semanas, parecen estar de acuerdo es en que tan inútil sería un texto maximalista que sólo firmaran los países de las democracias desarrolladas como un documento vacío que todos firmaran pero hiciera nacer muerto al Tribunal. El peligro de que suceda esto último preocupa no sólo a las ONG que estarán muy presentes durante todas las negociaciones en Roma, sino también a algunas delegaciones, entre otras la española, dirigida por el embajador Juan Antonio Yáñez. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, presidirá ladelegación durante la apertura de la Conferencia.

Un Tribunal internacional que persiga los crímenes de guerra y contra la humanidad es una vieja aspiración de juristas y estadistas demócratas ya desde el final de la Primera Guerra Mundial.