Intel, bajo sospecha

LA COMISIÓN Federal de Comercio (FTC), organismo dependiente del Gobierno de Estados Unidos, ha demandado a la empresa Intel, fabricante de la mayoría de los microprocesadores (chips) presentes en los ordenadores, especialmente en los ordenadores personales. En un caso que recuerda el procedimiento judicial abierto hace unas semanas contra Microsoft a instancias de la fiscal general, a Intel se le acusa de abusar de su posición de dominio como proveedor de microprocesadores para forzar a algunas de sus empresas clientes.La demanda se basa en los casos de las sociedades Compaq, Digital Equipments e Intergraph, que necesitan los chips producidos por Intel para ensamblar el hardware que luego ponen en el mercado. Compaq, en particular, es el primer productor de ordenadores personales del mundo. Aunque los detalles difieran, el fondo es parecido en los tres casos. Intel ha castigado a estas empresas por no aceptar las condiciones dictadas para la transferencia de patentes de su propiedad. El castigo ha consistido en negarles la información técnica para que pudieran preparar el ensamblaje de los ordenadores que iban a poner a la venta. Dicha información se facilita a todas las empresas clientes de Intel con tiempo suficiente para preparar el lanzamiento de nuevos productos . Intel discriminó a esas tres empresas, causándoles un claro perjuicio al impedirles competir en pie de igualdad con otros proveedores de hardware . Dada la posición de cuasi monopolio de Intel, no les era posible acudir a otros fabricantes.

Como en el caso de Microsoft, la FTC no reprocha a Intel su posición dominante, sino que use ésta para imponer condiciones a terceros que no tienen la opción de utilizar productos alternativos. El hecho de que en este caso se trate de clientes y no de competidores directos, así como la menor envergadura de los hechos denunciados, hace que, en opinión de los expertos, la salida del pleito sea dudosa. La intensa actividad antimonopolio de las autoridades estadounidenses es significativa de su preocupación por la facilidad con que sociedades que proveen, en régimen de monopolio de hecho, productos básicos, como sistemas operativos o microprocesadores en la industria informática, pueden utilizar su enorme poder para imponer condiciones a terceros que podrían, en algunos casos, ser consideradas ilícitas y distorsionar el buen funcionamiento de los mercados.