El Parlamento fija el tope de gasto electoral de los partidos en 169 millones

Cada partido vasco no podrá gastarse más de 169 millones en las próximas elecciones autonómicas. La reforma de la ley Electoral establece esa cifra como el tope de gasto de cada formación desde la publicación del decreto de elecciones hasta el mismo 25-O. Las arcas públicas pagarán este año el buzoneo (unos 45 millones) y los partidos podrán quejarse a la Junta Electoral si creen que los medios informativos públicos no son neutrales.

Los partidos ya han puesto un ojo en sus cuentas corrientes y el otro en los programas electorales. La comisión de Urgencia Legislativa aprobó ayer el dictamen de la ponencia que llevaba varios meses trabajando sobre la reforma de la ley Electoral. Aunque su objetivo inicial era poner en marcha por primera vez el voto electrónico en la comunidad autónoma, no ha sido posible. El trabajo del Departamento de Interior se ha encontrado con la oposición de todos los partidos salvo Eusko Alkartasuna. Al final, y gracias a una enmienda transaccional de los partidos del Gobierno, la ley regulará el voto electrónico, pero no se pone fecha para su puesta en marcha, y en cualquier caso será el Parlamento el que decida cuándo y cómo. "No tiene mucho sentido regular el voto electrónico cuando la informática avanza a una velocidad de vértigo", declaró ayer el portavoz socialista Rodolfo Ares, "y sobre todo cuando no hay fecha para su puesta en marcha, ni siquiera la próxima legislatura". Al final, y tras el fracaso del PNV y de la consejería de Interior, la reforma se ha limitado a actualizar las partidas de gastos y de ingresos electorales, y a delimitar y mejorar el acceso de los partidos a los medios de comunicación públicos, así como regular los soportes publicitarios para las próximas citas electorales. Según el artículo 147, los partidos no podrán exceder en sus gastos electorales de los citados 169 millones de pesetas. Esta cifra resulta de sumar el producto de 35 pesetas por el censo electoral más la subvención de 16 millones de pesetas por provincia en la que la formación presente candidatura. A esas dos partidas, la reforma suma otros 45 millones de pesetas para cada formación para financiar el buzoneo, tanto de sobres y papeletas como de propaganda. La incorporación de esa partida, que se hará efectiva previa presentación de las correspondientes facturas, no ha contado con la aprobación de EA, que proponía una rebaja de los gastos, precisamente en esa cantidad de dinero. Los de Carlos Garaikoetxea aspiraban a que los gastos electorales no pudieran superar la cantidad de 124,5 millones de pesetas, incluido el buzoneo. La obligación de presentar factura y el requisito de conseguir un escaño para recibir el tope de 25 pesetas por cada elector en concepto de buzoneo tiene un doble objetivo, según informaron ayer los partidos: evitar el fraude de aquellas candidaturas que se presentaban exclusivamente para conseguir fondos, y evitar las posibles filtraciones del censo electoral que ahora protege la legislación vigente. En el capítulo de subvenciones, el Parlamento ha actualizado las cantidades económicas que recibirán los partidos al finalizar los comicios. Por ese concepto cada partido ingresará tres millones de pesetas por escaño, más 100 pesetas por cada voto y cinco millones de pesetas más por cada territorio en el que haya presentado candidatura y haya conseguido al menos un escaño. Menos publicidad La nueva ley Electoral, que el Parlamento vasco debatirá antes del final de la legislatura en pleno, regula definitivamente lo que hasta ahora eran simplemente acuerdos entre las formaciones mayoritarias, pero deja en el aire la posibilidad de que los debates televisivos tengan una normativa propia. En las próximas elecciones autonómicas estará prohibida la colocación de banderolas, banderines y todo tipo de carteles en paredes, salvo las vallas autorizadas de manera específica. La reforma legisla hasta el porcentaje de los gastos que se pueden dedicar a publicidad exterior, con un tope del 25%, y la publicidad en medios de comunicación, concretamente el 20%. En caso de disconformidad con el tratamiento televisivo de los medios públicos, los partidos podrán recurrir ante la Junta Electoral Central. La reforma explicita que los partidos deben ser tratados con "neutralidad informativa", sin perjuicio de la "libertad de información" de los medios.