La sentencia estima que hubo más implicados que los condenados

El tribunal que ha juzgado el caso Osakidetza considera que el fraude de las oposiciones de 1990 fue un proceso en el que participaron más personas que las que se sentaron finalmente en el banquillo. Además, también muestra ciertas reservas en cuanto al origen de la trama. Según señala la Audiencia, el "plan preconcebido" y la magnitud de la falsificación exige una participación más amplia. La pirámide organizativa señala, sin lugar a dudas, a los directivos de Osakidetza que pusieron en marcha las oposiciones del 90. "Tales hechos delictivos debieron ser realizados con la participación y colaboración de personas conocedoras del complejo proceso selectivo y además, vinculadas a la propia administración del mismo", resalta el texto del fallo. Las irregularidades, centradas en el cambiazo de al menos 300 exámenes, se descubrió por la manera grosera en que se había realizado. Pegatinas arrancadas de las hojas, colores diferentes en la escritura de las pruebas, falta de coincidencia de tamaño entre las dos partes en que se separaron los mismas, dejan a las claras para la Audiencia que intervino más gente de la procesada. "Necesariamente debieron ejecutarse por una pluralidad de personas con diversos cometidos, superior al grupo de encartados en la presente causa", señala. Trascendencia social La mayor parte de los beneficiados por las irregularidades estaba situada en el entorno del PSE y la Unión General de Trabajadores. El fallo destacan que este aspecto "puede hacer suponer que la falsificación masiva tenía la finalidad de favorecer a personas relacionadas con esas organizaciones". Pese a ello, el tribunal destaca que "la prueba producida en el juicio no descarta, pero tampoco avala, siquiera indiciariamente, más allá de la mera sospecha, la eventualidad de una trama organizada desde las estructuras de gestión de dichas organizaciones". La evolución contenida en la instrucción sumarial de este caso, que requirió la repetición de las puebas selectivas, así como "la trascendencia social de los hechos" supone, en opinión de la sala, "una incidencia de amplio efecto que no puede condicionar en este ámbito penal conclusiones que tuvieron su reflejo en el Parlamento y que carecen de relevancia jurídica". La posición de las diferentes acusaciones, que representaban al Gobierno vasco, a Osakidetza, al sindicato LAB y a 75 opositores perjudicados, reflejan las diferencias de interpretación de las mismas sobre la manipulación. Finalmente sólo LAB y los opositores, que presentaron un escrito idéntico, mantuvieron la acusación sobre el ex vicesecretario socialista José Luis Marcos Merino, la persona sobre la que basculaba la presunta vinculación política de la trama. El sindicato expresó ayer su "sorpresa" por la absolución del dirigente socialista.