Un tribunal ordena pruebas caligráficas en el fraude del voto por correo del PP

La Audiencia de Madrid ha ordenado que se efectúen pruebas caligráficas a varios de los 10 miembros del Partido Popular de Madrid acusados de fraude electoral y de falsificar votos por correo en las elecciones municipales de 1991. Con estas pruebas, el tribunal pretende averiguar quiénes de los acusados falsificaron, o no, la firma del notario madrileño Alberto Ballarín para legitimar fraudulentamente 3.366 votos postales.

En aquellos comicios, el PP se hizo con la alcaldía de Madrid por mayoría absoluta, si bien ganó uno de sus concejales por un escaso margen de votos.La Sección Primera de la Audiencia de Madrid ha encomendado las pruebas caligráficas a la Guardia Civil, y esperará a que el instituto armado le remita un informe con los resultados antes de señalar la fecha del juicio y sentar en el banquillo a los 10 miembros del PP implicados en este presunto fraude, que también tuvo ramificaciones en otras provincias de España.

De momento, la fiscalía solicita para los 10 acusados -por delitos de fraude electoral y falsedad en documento oficial- penas que oscilan entre los dos y los nueve años de cárcel. En este proceso figura como acusación particular la coalición Izquierda Unida (IU), que también pide penas de cárcel para los implicados, aunque inferiores a las del fiscal.

En su escrito de acusación, el fiscal detalla las numerosas irregularidades cometidas por estos militantes populares. Asegura que, durante los comicicios municipales de 1991, en distintas sedes del PP de Madrid se falsificó 3.366 veces la firma del notario Alberto Ballarín con el fin de tramitar votos postales de personas enfermas o incapacitadas.

Estas personas, mediante delegación, dejaban en manos de los acusados, según el fiscal, la gestión de sus votos, pero ignoraban que éstos, antes de depositar sus sufragios, iban a cometer las irregularidades que ahora les atribuye la Fiscalía de Madrid. Para delegar en otra persona un voto postal es necesario que un notario dé fe de ello y lo certifique con su firma.

Según se desprende del sumario de este voluminoso proceso judicial, que instruyó durante casi cuatro años el juez de Madrid Rafael Mozo, los acusados prescindieron del notario: en unos casos se limitaron a imitar su firma, y en otros, supuestamente, utilizaron una estampilla de la notaría en la que figuraba su rúbrica. Con ello validaban la delegación y se aseguraban el voto para su partido.

El notario Ballarín reconoció ante el juez instructor del caso que su firma había sido falsificada más de 3.000 veces. El procedimiento empleado en este fraude fue el siguiente, según el fiscal: durante la campaña electoral de aquellos comicios, algunas personas se acercaron a distintas sedes del PP de Madrid para que sus funcionarios les gestionasen el voto. Tras pedirles su DNI para hacerle una fotocopia y hacerles firmar la solicitud de inscripción en el censo, los funcionarios, entre ellos algún apoderado del PP, les decían que "ya habían ejercido su derecho al voto y que no debían practicar ninguna otra gestión". Según el fiscal, los acusados "hicieron constar sus propios nombres como personas autorizadas por el solicitante para formular la solicitud, la cual debe ser personal salvo casos de enfermedad o incapacidad, circunstancia ésta que no concurría en estos supuestos, y sin que el elector lo supiese".

En la mayoría de los casos, los implicados en este supuesto fraude "hicieron constar como domicilio al que se debía enviar la documentación para gestionar el voto la sede nacional del PP, en la calle de Génova, 13. Aunque también utilizaron domicilios de estas sedes. Una vez que recibían la documentación, ellos mismos introducían las papeletas en los sobres, junto con el certificado, y las remitían a las sedes electorales. Tres son los miembros del PP, de entre los 10 acusados, para los que la Fiscalía de Madrid reclama las mayores penas, nueve años y seis meses de cárcel: Guillermo Núñez Vaquero, Esperanza Márquez Gómez y María del Pilar Hernández Rodríguez. Los otros siete se enfrentan a dos años de prisión.