Los socialistas plantean un nuevo organismo para la lengua y reconocer "la unidad en la diversidad"

El documento de mínimos que los consejeros socialistas han puesto sobre la mesa para desbloquear los trabajos del Consell Valencià de Cultura (CVC), de cara al dictamen lingüístico, no le resultará nuevo al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ni al del máximo órgano consultivo de la Generalitat en materia cultural, Santiago Grisolía. Coincide, casi literalmente, con una propuesta formulada por Rafael Alemany, profesor de filología de la Universidad de Alicante a quien Zaplana profesa respeto y amistad. La creación de un nuevo organismo normativo para el valenciano, la referencia a las Normas del 32 y el reconocimiento de "la unidad en la diversidad" de la lengua son sus principales contenidos.

La ponencia que Grisolía designó para tratar de desbloquear el debate del Consell de Cultura, atascado en el apartado relativo a la naturaleza del valenciano, se reunirá mañana en busca de una salida. Si de la reunión sale un acuerdo, será trasladado al pleno del CVC, pero en el seno del organismo también está claro que, en caso contrario, lo que se planteará ante el pleno será precisamente el desacuerdo existente, lo que puede abocar a un callejón sin salida. La propuesta de dictamen que defienden los miembros del CVC propuestos por los socialistas, compartida por los consejeros nominados por Esquerra Unida en casi todos sus términos, consiste en que la lengua mantenga la denominación de valenciano, sin que ello excluya lo que establece la sentencia del Tribunal Constitucional que determina la legalidad del término lengua catalana en el ámbito académico; el reconocimiento de la "unidad en la diversidad", mediante una fórmula que recuerda cómo la lengua de los valencianos se conformó conjuntamente con las de los pueblos de Cataluña y baleares y asegura que la variedad propia, dentro de ese sistema lingüístico, tiene un "pasado ilustre" que hay que saber valorar y cultivar "con toda dignidad"; la aceptación de las Normas de Castellón, aprobadas en 1932, y su desarrollo posterior, y la creación por ley de las Cortes valencianas de un organismo normativo. Los componentes de ese organismo, según la propuesta, serían elegidos por las Cortes con una mayoría de dos tercios (la misma que se exige para el Consell de Cultura) y, posteriormente, sus miembros se elegirían desde el seno de la institución, a la manera de las entidades académicas. Los integrantes de la institución de referencia normativa ´tendrían que ser especialistas de contrastada solvencia en el ámbito de la filología y la lingüística. La postura de los consejeros de izquierda en el CVC descarta la creación de una sección de filología en el propio Consell de Cultura, pero no excluye incorporar muchas de las consideraciones y propuestas de otros consejeros. En todo caso, es considerada como un documento de mínimos, más allá del cual es prácticamente imposible que el denominado pacto lingüístico sea asumido en medios culturales y universitarios. Rechazo de la derecha Hasta ahora, la mayoría de los puntos que se plantean en esa posición han sido rechazados por los consejeros del Consell de Cultura nominados a iniciativa del PP, mientras los consejeros de Unión Valenciana rechazan de plano cualquier redacción que no haga explícito que el valenciano y el catalán son lenguas diferentes, según sus conocidas tesis secesionistas. Las gestiones que Zaplana pueda hacer para desbloquear la situación son consideradas esenciales por la mayor parte de los miembros del CVC, dado que el pacto lingüístico es una de las iniciativas que el presidente de la Generalitat ha presentado públicamente como prioritarias en su política. Ayer mismo, el Consell General del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), organismo para el cual reclaman la capacidad normativa sobre el valenciano los sectores progresistas, las universidades y la mayoría del mundo cultural, recordó que sería poco creíble socialmente e inaceptable para la comunidad científica un dictamen que no reconozca los criterios científicos, respete las Normas del 32 y plantee un organismo normativo "compuesto por filólogos y expertos acreditados".