Hacia una nueva financiación de las universidades

1. El Sistema Público Universitario Valenciano (en adelante SUPV) se apresta a revisar en profundidad el modelo de financiación que ha funcionado en el período 1994/98. Antes de sumergirnos en un debate sobre qué nuevos objetivos debemos trazarnos, parece aconsejable analizar si se han cumplido, y con qué intensidad, los que nos propusimos en mayo de 1994, y -en consecuencia- cuáles deben perdurar y cuáles superar o ser renovados. La aplicación del modelo en el período 1994/1998 ha permitido mejorar sensiblemente las condiciones de autonomía financiera de las universidades y, en consecuencia, ha supuesto un avance en la autonomía universitaria. En términos de suficiencia, aunque hemos mejorado, aún permanecemos a gran distancia de la situación de nuestro entorno europeo -el gasto por estudiante en España era en 1996 el 60% del gasto medio en los países de la OCDE- y netamente por debajo de la media española (gráfico 1). Dos ejemplos significativos: a. En 1997, la Universidad Politénica de Cataluña (31.040 alumnos) recibía 14.041 millones de subvención pública ordinaria y la Universidad Politécnica de Valencia (32.118 alumnos) recibía 11.066 millones de subvención pública ordinaria; b. En 1996, la Universidad de Granada (56.106 alumnos) recibía 18.503 millones de subvención y la Universidad de Valencia (58.930 alumnos) recibía 15.013 millones. En relación con la equidad, reparto entre universidades, el modelo ha producido una notable corrección de las diferencias. En 1997, la subvención por alumno equivalente (alumno matriculado en 75 créditos, ponderado por el coeficiente del coste de experimentalidad de sus estudios), mostraba desviaciones máximas del 6% respecto a la media (gráfico 1). En relación a los ingresos por I+D, los últimos datos disponibles, año 1996, colocan a las universidades valencianas a la cabeza de la captación de recursos en España (gráfico 2). De la información anterior se deriva un comportamiento muy favorable de la captación de ingresos propios por parte de las universidades valencianas. Podríamos decir que nuestras universidades "se ganan la vida" y superan los objetivos de ingresos por servicios externos en I+D, que el modelo situaba en un 3%, y que actualmente superan el 16%. El objetivo de conseguir un funcionamiento cooperativo y consensuado del SPUV, se ha visto influenciado muy negativamente por el proceso de creación de la nueva Universidad Miguel Hernández. A ello también ha contribuido la ausencia de una política definida sobre el sector y una reflexión en profundidad sobre su futuro. El Libro Blanco debería aportar soluciones en esta dirección. Considerado el conjunto de los aspectos referidos hasta el momento, parece razonable evaluar positivamente el balance global de la aplicación del actual modelo, especialmente en los frentes de la autonomía financiera y la equidad en el reparto. También es evidente que, tanto en el plano de la suficiencia como en del de la eficacia, queda un considerable camino por recorrer. En el terreno de la suficiencia la situación es delicada, los mayores costes derivados de la aplicación de los nuevos planes de estudios, la maduración de las plantillas y los gastos de mantenimiento de las nuevas infraestructuras, han situado ya en una posición límite a los presupuestos universitarios en 1998. 2. Repasada y evaluada la experiencia de los últimos cinco años, llega el momento de pronunciarse sobre la dirección que debería tomar el sistema de financiación de las universidades públicas valencianas que nos acompañará hasta el nuevo milenio, pero antes me parece imprescindible dibujar el horizonte de la actividad universitaria en el medio plazo. ¿En qué contexto se desarrollará la actividad universitaria en los próximos diez años? La universidad seguirá trabajando -lógicamente- en los ámbitos que lo hace actualmente: la docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico, la cultura y los servicios a la sociedad, pero se modificará substancialmente el peso relativo y la composición de cada una de ellas respecto a la situación actual. Docencia. La reducción del segmento de edad 18/24 años en un 23% en los próximos seis años, en la pirámide de población futura, junto a la dificultad de incrementar una ya elevada preferencia por los estudios universitarios, llevará aparejada una sensible reducción de los clientes potenciales de la formación reglada. En sentido opuesto, en cuanto al incremento de la demanda, es previsible un mayor desarrollo de los estudios de tercer ciclo y, en general, de la formación de postgrado y especialización profesional, destinada a reciclar y a mantener la cualificación de una población activa con una composición creciente de titulados universitarios y que demanda mejoras recurrentes de capacidad técnica. Investigación y desarrollo tecnológico. El peso relativo del gasto en I+D en % del PIB es en España (0,91% en 1995) sensiblemente inferior al esfuerzo medio que realizan los cuatro grandes países de la Unión Europea (Alemania 2,27%, Francia 2,38%, Reino Unido 2,19%, e Italia 1,19%). Dada la situación, al menos por razones de competitividad, es imprescindible que se mantenga un crecimiento de estas actividades en el futuro inmediato. El esfuerzo más notable debemos esperarlo del lado de las empresas, dado que su distancia al estándar de gasto europeo en I+D es todavía mayor que el de las administraciones. El desarrollo de estas actividades va a exigir a las universidades un esfuerzo de adaptabilidad a los requerimientos empresariales que, en mi opinión, se caracterizará por una gestión más profesionalizada de los recursos de investigación y por nuevos marcos de gestión de la innovación que faciliten la aparición de nuevos productos tecnológicos y la creación de empresas innovadoras. La cultura. La existencia y promoción de vida cultural en las universidades continúa siendo una razón de ser de la universidad misma, y es indispensable que cuide la existencia de espacio en su interior para acoger el debate intelectual, el desarrollo del pensamiento crítico y el ejercicio más genuino de la cultura, sin condicionantes de ningún tipo y sin la preocupación por su rentabilidad mediática. Las mejores universidades del mundo, y sobre todo las más tecnológicas, profundizan desde hace años en esta dirección e incorporan el desarrollo de una actividad cultural potente como algo indesligable de su propia esencia universitaria. 3. En el contexto descrito, la revisión del sistema de financiación de las universidades públicas valencianas, debería continuar atendiendo objetivos en relación con la autonomía, la suficiencia y la equidad, definir y concretar incentivos a la mejora de la eficiencia y la eficacia, y dibujar un nuevo marco de relaciones entre usuarios, universidades, administración y sociedad. A continuación apunto un conjunto de propuestas sobre cada uno de estos aspectos. Autonomía, suficiencia y equidad. La aplicación del principio de autonomía es indesligable del de suficiencia, para ejercer las competencias atribuidas, y del automatismo, por el que la asignación de recursos se realiza en base a criterios objetivos y no discrecionales. De acuerdo con ello, la financiación de las universidades valencianas ha de continuar mejorando su nivel de suficiencia y seguir distribuyendo tales recursos conforme a criterios objetivos, explícitos y evaluables. En relación con la mejora de la suficiencia, la Administración autonómica debe dotar en el futuro al Sistema Público Universitario Valenciano de un volumen de recursos públicos homologable, en una primera etapa, con el de aquellas comunidades autónomas con un modelo y nivel similar de desarrollo al valenciano, y a más largo plazo, y acompasado con el acercamiento al PIB per cápita comunitario, al de la media de los países de la Unión Europea. Alcanzar el primero de los objetivos requería ampliar, en un período cuatrienal, los recursos ordinarios actuales desde los casi 40.000 millones de pesetas actuales hasta los 52.000 millones de pesetas. Este conjunto de recursos públicos ampliados debe continuar distribuyéndose, básicamente, de acuerdo con la demanda de formación reglada satisfecha, es decir, con una filosofía similar a la actual, aunque corrigiendo aquellos aspectos de evolución de costes que se han revelado mal resueltos. Relacionar la financiación ordinaria con la satisfacción de la demanda es un incentivo directo a la reorganización de la oferta, y una penalización implícita de capacidades ociosas, que el sistema no debe perder y que le conduce inevitablemente a un grado de equidad elevado. En este orden de cuestiones, me parece aconsejable acrecentar la conciencia del alumno sobre el hecho de que la sociedad está financiando directamente su formación, pues ello mejoraría su conciencia fiscal, su responsabilidad social y su comportamiento como cliente. Este es un aspecto que no supone coste adicional alguno, y que independientemente de cómo se instrumente (existe un amplio abanico de posibilidades que van desde la simple información individualizada, hasta el cheque escolar), redundaría -sin duda- en una mejora del funcionamiento de las universidades. En cuanto al incremento de recursos que requiere un sistema universitario de calidad, es posible optar por instrumentar una política alternativa, reduciendo la financiación presupuestaria de la educación superior e incrementando la contribución de los usuarios/beneficiarios más directos del mismo a través de las matrículas. Ello implica coste político aunque, seguramente, es uno de los caos en los que podría tener, acompañada de una más potente política de beca, una mayor justificación social. Incentivos a la mejora de la eficiencia y la eficacia. No es posible, alcanzando un nivel de suficiencia aceptable, desligar la obtención de recursos adicionales de la consecución de objetivos de eficiencia y eficacia. Parece lógico, que la Administración educativa desee condicionar la asignación de recursos tangibles en ambos campos. Sería por tanto razonable que se establecieran una serie de líneas de financiación incentivada en función de objetivos concretos. La financiación de las estructuras de gestión y las líneas de apoyo a las actividades de investigación y desarrollo, hoy inexistente, pero comprometida e incumplida en la aplicación del modelo actual, podrían responder perfectamente a este planteamiento. Esta modalidad de financiación por incentivos podría concretarse en la firma de un Contrato-Programa (público, con objetivos evaluables y riesgos compartidos) con cada universidad. A continuación propongo una relación de objetivos, con la enumeración de los indicadores que podrían medir su evolucuón: (ver gráfico 3). En los últimos años se ha puesto de manifiesto una elevada coincidencia sobre la importancia del capital humano como factor determinante del desarrollo social y económico de los países y de la competitividad de los mismos. Es incuestionable el papel protagonista que en este terreno deben jugar nuestras universidades, aunque también lo es que las mismas han de acompañar al incremento de recursos que deben recibir con mejoras contrastables, en su respuesta a las necesidades de formación e investigación y desarrollo que requiere nuestra sociedad.

José A. Pérez García es economista.