Una universitaria lleva al Defensor del Pueblo las prácticas becadas

Detrás de las prácticas en empresas durante el periodo universitario se esconden a veces algunos casos de explotación laboral. Éste es el debate que ha planteado una alumna de la Universidad de Alcalá, Mercedes Camisón, de 26 años, al denunciar ante el Defensor del Pueblo lo que considera "la otra cara" de las becas laborales para estudiantes de enseñanza superior.

Camisón, licenciada en Ciencias Químicas y a punto de obtener el título de Farmacia, logró un puesto de trabajo en una empresa farmacéutica de la capital con la que la universidad mantiene un convenio de colaboración, a través del Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE). En teoría debía permanecer en la oficina durante cinco horas diarias, pero la realidad resultó ser bien distinta: el horario se extendía desde las 8.30 a las 17.15, con un paréntesis de media hora para comer.

Sus ingresos mensuales ascendían a 60.000 pesetas brutas. La universitaria protestó por esta situación, pero a los pocos días fue apartada de su puesto. Ahora intenta persuadir al Defensor del Pueblo de que estas prácticas anteriores a la obtención de un título "no pueden confundirse con la explotación encubierta y generalizada de los estudiantes como mano de obra barata".

Los convenios de cooperación entre universidad y empresa se encuentran regulados por un Real Decreto de 1981 (actualizado trece años después), en el que se fija ese máximo de cinco horas al día para las becas de nueve meses de duración, recuerda la estudiante. Se trata de una protesta que Mercedes Camisón también ha formulado, por escrito, ante el rector de la Universidad de Alcalá, Manuel Gala.