Fujimori militariza parte de la justicia en Perú

Cada día que pasa, los militares asumen un mayor control del Estado en Perú, en detrimento del poder civil. En las últimas dos semanas, una serie de decretos del Gobierno de Alberto Fujimori han modificado profundamente el marco legal vigente en el país y han colocado bajo la jurisdicción militar buena parte del Código Penal, anteriormente en manos de jueces civiles. A partir de ahora, magistrados militares juzgarán delitos comunes (disfrazados bajo el eufemismo de «terrorismo agravado») cometidos por civiles. Abogados independientes han expresado su preocupación por esta nueva vuelta de tuerca de Fujimori, en lo que consideran un retroceso del Estado de derecho.

La jurisdicción militar pasará a ocuparse así de los delitos cometidos por grupos organizados de delincuentes, incluidas las pandillas juveniles y de menores, en los que se haga uso de armas de guerra o protagonizados por personas vestidas con uniformes o distintivos militares o policiales. En general, juzgará los secuestros, robos, asesinatos y otros delitos, como el narcotráfico, achacados a grupos de malhechores.

El Gobierno peruano aún no ha especificado qué considera armas de guerra, si fusiles de asalto o armas cortas. La referencia al uso de uniformes y distintivos de los cuerpos de seguridad obedece a los casos de crímenes recientemente registrados en Perú, en los que los delincuentes utilizaron indumentaria militar.

Los decretos del Ejecutivo, que han sorprendido a tirios y troyanos, permiten a partir de ahora que los civiles puedan ser procesados en tribunales militares sin formación jurídica, excepto en uno de sus miembros y referida sólo a la jusridicción castrense. Asimismo, las garantías constitucionales de hábeas corpus y amparo sólo podrán ser presentadas ante una sala especial. Anteriormente, cualquier juez podía resolver el tema. Ahora está restringido a un puñado de magistrados conocidos por su afinidad con el régimen.

Sin preparación

Pero lo más «aberrante», como ha dicho un experto internacional en derechos humanos, el venezolano Héctor Faúndez, es que los civiles sean procesados por tribunales militares. El fuero militar en Perú está constituido por magistrados duchos en normas y procedimientos militares, pero, según expertos independientes, sin preparación jurídica para poder juzgar delitos comunes.Algo parecido sucedió en 1992, tras el autogolpe de Fujimori y la promulgación de las leyes de excepción contra el terrorismo de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). En aquellos años, el fuero militar cometió tantos errores que forzó al Gobierno a formar una comisión especial para revisar los casos de al menos 800 peruanos injustamente encarcelados.

La mala experiencia, que suscitó protestas internacionales, no parece haber calado en el Gobierno de Fujimori, que intenta con esta política de mano dura ganar unos puntos más de aprobación en aras de repetir triunfo electoral en el 2000, a pesar de que la Constitución le prohíbe presentarse de nuevo.

Las cárceles están atestadas de ciudadanos condenados por jueces militares apelando a la celeridad, pero que a fin de cuentas resultaron ser inocentes y que han venido siendo liberados mediante sucesivos indultos.

Otro de los elementos cuestionados por los expertos es el agravamiento de las penas dictadas por los decretos de los últimos días sin justificación alguna. Actualmente, la legislación contempla penas muy severas para el secuestro. Sin embargo, es en los últimos tiempos cuando se han desarrollado las peores bandas de delincuentes de las que se tiene registro histórico en Perú.

Pero en un aspecto sí ha tenido éxito la dura legislación: en que la población, limeña sobre todo, pueda ver mejorar un clima actual de inseguridad y desesperación, con la consecuencia lógica de alarma y violencia, según el abogado penalista José Ugaz. Ello ha llevado a que, en los sondeos de opinión, la población esté fundamentalmente de acuerdo con que el Servicio de Inteligencia Nacional, el organismo controlado por el polémico asesor presidencial Vladimiro Montesinos, tenga a su cargo el control de la denominada seguridad nacional, pero que en realidad se refiere a la delincuencia común.