Alicante libera suelo para construir cerca de 30.000 nuevas viviendas y se prepara para crecer por el sur

Una coyuntura económica favorable, la aparición en escena de la figura jurídica del urbanizador, el afloramiento del dinero negro ante la llegada del euro y, en menor medida, el crecimiento demográfico, condicionan un acelerado desarrollo urbanístico de la ciudad de Alicante. En los últimos tres años, las autoridades locales han adjudicado, aprobado o proyectado la urbanización de toda la reserva de suelo urbanizable (más de 7,5 millones de metros cuadrados), sobre las que se podrá levantar cerca de 30.000 nuevas viviendas, configurando una urbe capaz de alojar a más de 650.000 personas.

Agotada esa reserva, los técnicos se preparan para proyectar el crecimiento de la ciudad por los únicas zonas vírgenes de construcciones: por el sur, camino de Elche, y hacia el oeste hasta enlazar con Sant Vicent del Raspeig. Alicante no ha registrado nunca un movimiento urbanizador tan virulento como el actual, ni siquiera en las épocas de mayor desarrollo demográfico por efecto de los movimientos migratorios que dieron paso a los primeros ensanches urbanos y a los barrios dormitorio. Por el norte, centro y oeste, la ciudad ha planificado la construcción de miles de viviendas de nueva planta, acompasadas con amplias zonas verdes y dotaciones públicas para dar servicio a una población que, presumiblemente, se desplazará hacia las zonas en las que se proyectan edificaciones abiertas con instalaciones para mejorar la calidad de vida. Un caso similar se ha producido en Valencia, donde están en marcha promociones que van a suponer cerca de 20.000 vivienda. Sin embargo, la ciudad pierde habitantes y el casco antiguo es una sangría de población lo que cuestiona abiertamente la liberalización de suelo y la construcción de nuevas promociones, como la de Orriols, Ademuz o la Avenida de Francia. Según los expertos cada año se adquieren unas 3.000 viviendas en Valencia. Desde hace tres años, la ciudad asiste a un constante goteo de iniciativas urbanizadoras que han conseguido familiarizar a la población con el argot propio de promotores, constructores y especuladores. Los planes de actuación urbanística o de reforma interior se tramitan en las dependencias municipales y atraen la atención de grandes grupos promotores y urbanizadores. Los primeros en desarrollarse afectan a la zona de mayor demanda: la playa de San Juan. Allí han sido aprobados y adjudicados proyectos que transformarán la friolera de 3,8 millones de metros cuadrados, sobre los que se construyen ya más de 12.000 viviendas. En otras áreas urbanas (barrios de Garbinet, Benalúa, Vistahermosa y San Blas), la planificación alterará cerca de otros cuatro millones de metros hoy integrados por lomas, pedregales y huertos, que darán paso a nuevos edificios que acogerán más de 17.000 viviendas. El censo oficial de Alicante está en 280.000 habitantes, aunque de hecho residen en la ciudad unas 400.000 personas, que aumentan hasta 550.000 en los meses de julio y agosto, cuando las playas reciben a los veraneantes. Cuando se desarrolle el suelo urbanizable proyectado, se habrá dado forma a una ciudad capaz de acoger a más de 650.000 personas. El concejal de Urbanismo, José Ramón garcía, del PP, reconoce ese peligro latente. "Nadie quiere una macro-ciudad", dice, "y por eso es importante que las instituciones públicas controlen la ordenación del territorio". Pero las promotoras son insaciables y reclaman más y más suelo para construir. "Deben ser los políticos quienes decidan qué ciudad queremos a muy largo plazo", advierte el edil, "y quienes fijen los criterios de desarrollo sostenido". Para el PP tan importante es favorecer el crecimiento urbano como la coordinación de la ciudad con el resto del área metropolitana, nunca limitada a su comarca. Se intenta el acercamiento con Elche y La Marina Baixa habilitando grandes vías de comunicación e infraestructuras. Alicante persigue, en definitiva, erigirse en el centro neurálgico de una provincia que jamás reconoció su capitalidad.